Finalizaron ayer los alegatos en el juicio por los incidentes en la Uocra de Florencio Varela donde se enfrentaron dos facciones y a lo largo del proceso el factor político estuvo siempre presente: «no estamos ante un móvil de robo o una confrontación sino ante una puja por la disputa de poder gremial», fue una de las frases de los letrados defensores de los 29 imputados. En la víspera la fiscal María Oricchio expuso su alegato ante el Tribunal Oral Nº 3 y pidió para todos los acusados una pena de 7 años de prisión y que sean detenidos al momento de conocer la eventual sentencia.
A su turno, todos los defensores solicitaron absoluciones y fueron críticos con la encargada de la acusación al considerar que el requerimiento fue «nulo».
Oricchio había decidido ampliar la carátula de la causa a «robo agravado por su comisión en poblado y en banda, en concurso real por robo agravado por el uso de armas, en concurso real con incendio y estrago doloso». Este cambio le significó críticas por parte de los miembros de la defensa, quienes dijeron que «no hay imputación en particular de un delito concreto a cada uno de los imputados; no se pueden generalizar las acusaciones, porque no sabemos de que tenemos que defender a nuestros clientes».
En su alocución, Oricchio hizo un pormenorizado análisis de los testimonios escuchados a lo largo de las audiencias. De este modo reconstruyó que el ataque a la sede de Florencio Varela, ubicada sobre la avenida San Martín, duró «entre 10 y 15 minutos» en los cuales «unas 52 personas descendieron de un camión Mercedes Benz 1114 con cabina roja portando bombas molotov, bidones con nafta, explosivos, piedras, gomeras, fierros, armas blancas y armas de fuego. Estos arrojaron todo tipo de elementos contra el local de la Uocra, incendiando el lugar, destruyendo vehículos e hiriendo a al menos seis personas que debieron ser hospitalizadas».
Agregó que «un grupo de estas personas ingresaron al edificio con las caras cubiertas al grito de ‘aguante Leguizamón’ (por el exsecretario general del sindicato de Lomas de Zamora, Walter «Lobizón» Leguizamón, prófugo de la Justicia) y ‘los vamos a matar a todos'».
Del otro lado, la defensa -compuesta por José Mastronardi, Gustavo Julio, Amílcar Chiodo y Daniel Mazzocchini- cuestionaron el alegato de la fiscal Oricchio y pidieron que se declare nula la ampliación de la acusación, lo que derivaría en absoluciones.
Chiodo llamó a sancionar la pesquisa hecha ya que «luego de 5 años de proceso no existen imputaciones concretas, circunstanciadas y precisas a cada uno de los acusados. No podemos permitir que se llegue a esta instancia con estas imputaciones generalizadas que impiden la debida defensa».
Por su parte, el doctor Julio indicó a su turno que «no se distingue qué es lo que se imputa a cada uno. Para que existiera ‘la banda’ debía haberse probado qué roles tenían cada uno de los imputados y el acuerdo previo».
Asimismo, en lo referido al robo a terceros, puso como ejemplo el de una campera y un celular que «no está probado que haya sido robado o la persona lo haya perdido en el tumulto. No existe robo en banda, no sabían que se iban a cometer este tipo de delitos. Los que realmente debieran dar explicaciones aquí están escondidos como el secretario general del gremio, Gerardo Martínez y el referente local, Juan Olmedo», aseguró.
Luego el letrado particular, Juan Risi, expuso en la misma línea que sus antecesores como también el abogado Daniel Mazzochini y finalmente alegó el defensor oficial, José Mastronardi.
Previo a pasar a deliberar hasta la semana próxima, los jueces dieron la chance a los encausados de que digan unas últimas palabras. Uno se calificó de «perejil»: «¿dónde están Gerardo Martínez; Olmedo? En sus casas sin hacerse cargo de nada. Nosotros fuimos a pedir laburo Señoría, no robamos, no somos delincuentes, mis compañeros quieren llevarle un plato de comida a sus hijos; considero que es muy injusto todo lo que estamos viviendo».
