La Procuración del Tesoro presentó dos escritos ante la jueza de Nueva York con una serie de argumentos para frenar la sentencia que obliga a entregar el 51% de la petrolera.
El Estado argentino solicitó la suspensión del fallo de la jueza Loretta Preska que ordena la entrega del 51% de las acciones de YPF, en el marco del juicio iniciado por el fondo Burford por la expropiación de la petrolera. La Procuración del Tesoro presentó dos escritos ante el tribunal de Nueva York, donde expone que cumplir la sentencia resultaría ilegal de acuerdo a la legislación nacional y perjudicial para el interés público.
Uno de los principales argumentos del Gobierno es que la transferencia forzada de acciones va en contra de la normativa argentina, que prohíbe la venta de participaciones estatales sin aprobación del Congreso. Además, se advierte que eso provocaría un cambio de control en la empresa, activando cláusulas contractuales que afectarían a los accionistas y a la propia compañía.
“La entrega compulsiva del 51% implicaría despojar a la Argentina de su participación mayoritaria en YPF”, sostienen los escritos. El Gobierno también remarca que los demandantes no sufrirían un daño irreparable si se suspende la orden, mientras que ejecutar el fallo podría perjudicar a terceros no involucrados, como las provincias socias en YPF y los tenedores de bonos.
Desde la Procuración subrayaron que el caso no es una disputa comercial común, sino que plantea cuestiones jurídicas inéditas y con potencial impacto en la política exterior de Estados Unidos. Por eso, advirtieron que existe una alta probabilidad de que el fallo sea revertido o modificado en instancias superiores.
En otro de los puntos, se considera jurídicamente inválida la exigencia de transferir las acciones a una cuenta custodia bajo jurisdicción estadounidense. Además, se insiste en que la ejecución del fallo es impracticable porque requiere un nuevo contrato y la autorización del Congreso argentino, lo que vuelve inviable cualquier intento de cumplimiento inmediato.
Finalmente, el equipo jurídico del Estado respondió a las citas del fondo Petersen/Eton Park sobre declaraciones del gobernador Axel Kicillof, aclarando que no forma parte del actual Gobierno y que sus opiniones no representan la posición oficial de la administración nacional.
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