El 11 de agosto se realizarán por quinta vez las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), las elecciones para que los electores tengan la opción de decidir el candidato de cada espacio político. En el 2015, en Cambiemos hubo una disputa entre Mauricio Macri, que compitió por el PRO (81,33%), Ernesto Sanz, que lo hizo por la UCR (11,10%) y Elisa Carrió, por Coalición Cívica (7,57%). En cambio, Daniel Scioli no tuvo competencia interna.
En las legislativas de 2017, en cambio, ya no hubo disputa, porque Cristina Fernández de Kirchner no aceptó competir con Florencio Randazzo y cada uno corrió con su propio sello.
En el 2019, Macri adelantó que no aceptará competencia interna con ningún candidato. Y Cristina, si finalmente se postula, tampoco aceptaría que haya otros candidatos a presidente por su espacio. Solo el peronismo no K nucleado en Argentina Federal podría armar una disputa entre Juan Manuel Urtubey, Sergio Massa, Miguel Angel Pichetto y, quizás, Roberto Lavagna, aunque tampoco es seguro.
Haya competencia o no, el Estado nacional está obligado a erogar el presupuesto que garantice la logística y transparencia para el buen desempeño de los comicios, lo que incluye los aportes a los partidos políticos para la impresión de boletas, la impresión de padrones, la capacitación de autoridades de mesa y fiscales, el transporte de urnas y material electoral, la compra del material electoral (urnas, sobres, elementos de escritura), la seguridad del comicio (horas extras de efectivos policiales y de fuerzas armadas) y el pago a las autoridades de mesa.
Ese presupuesto es hoy de $ 3.081 millones, o sea, el 40% del total para las tres fases de las elecciones, que es de $ 7.900 millones a valores actuales, que podrían ser redeterminados de acuerdo a la inflación. Para las generales se prevén $ 2.765 millones (35% del presupuesto) y para el balotaje $ 1.975 millones (25% del total).
