La posible reforma de la Ley de Glaciares se convirtió en uno de los ejes centrales del debate en el Senado. Mientras el oficialismo impulsa cambios para habilitar inversiones mineras e hidrocarburíferas, la oposición advierte sobre el riesgo que implican para las reservas estratégicas de agua dulce.
La modificación de la Ley de Glaciares es uno de los temas más sensibles que se discuten en el Senado desde el inicio del período de sesiones extraordinarias.
El bloque de La Libertad Avanza (LLA) promueve una reforma de la normativa vigente, mientras que sectores de la oposición, en especial Unión por la Patria (UxP), rechazan la iniciativa y defienden la preservación de los glaciares como reservas fundamentales de agua para el consumo humano.
El oficialismo sostiene que la ley actual genera “inseguridad jurídica” y frena inversiones estratégicas, particularmente en actividades vinculadas a la megaminería, el litio, el cobre y la exploración de hidrocarburos.
En ese sentido, el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo propone restringir el objeto de protección únicamente a los glaciares que cumplan una función hídrica efectiva y estratégica, habilitando actividades productivas en áreas hoy alcanzadas por la prohibición.
Fuentes legislativas indicaron que el Gobierno argumenta que la reforma respeta el federalismo y la autonomía de las provincias para decidir sobre sus recursos naturales, una postura que encuentran respaldo en distritos con potencial minero como San Juan, Catamarca y Jujuy.
La oposición y el frente ambiental
La iniciativa encuentra una fuerte resistencia en el Senado. Los principales rechazos provienen de Unión por la Patria, aunque el interbloque muestra tensiones internas. Organizaciones ambientalistas también hicieron llegar advertencias a los legisladores sobre el impacto que tendría la reforma en las reservas de agua dulce, objetivo central de la ley sancionada en 2010.
Desde estos sectores sostienen que reducir la protección del ambiente glaciar y periglacial pone en riesgo el acceso al agua potable y compromete ecosistemas clave, especialmente en un contexto de crisis climática.
Posturas divididas en el peronismo
El bloque peronista, conducido por el senador José Mayans, mantiene una posición mayoritariamente crítica frente al proyecto del Gobierno, en sintonía con organizaciones sindicales y ambientalistas.
No obstante, existen diferencias internas: senadores de provincias con fuerte perfil minero, como San Juan y Catamarca, se muestran abiertos a una modificación que limite las áreas protegidas y permita avanzar con proyectos productivos.
Estos legisladores reconocen estar bajo presión de los gobiernos provinciales y de sectores económicos, lo que abre un debate interno entre desarrollo productivo y protección ambiental.
Por ahora, la estrategia de la oposición es evitar una derogación encubierta de la ley y buscar un texto alternativo que preserve los recursos hídricos sin cerrar completamente la puerta a la actividad económica, aunque las posturas provinciales dificultan una posición unificada.
Qué establece la ley vigente
La normativa actual otorga una protección amplia tanto a los glaciares como al ambiente periglacial suelos congelados que cumplen un rol clave en la regulación hídrica y prohíbe actividades que puedan afectar su integridad, entre ellas la minería y la exploración de hidrocarburos.
Quienes apoyan la reforma aseguran que el objetivo no es eliminar los controles ambientales, sino aportar “certezas técnicas” que permitan compatibilizar el desarrollo económico con la protección del ambiente.
El proyecto de modificación ya obtuvo dictamen favorable en el plenario de comisiones del Senado el viernes pasado y se definió que su tratamiento en el recinto se realizará el 10 de febrero de 2026, en una sesión que promete ser una de las más tensas del inicio del año legislativo.