El vocero presidencial, Adrián Ravier, quedó envuelto en una controversia luego de afirmar que casi el 40% de los alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) son extranjeros, una cifra que fue cuestionada por autoridades de la casa de estudios.
Durante su habitual conferencia de prensa, Ravier sostuvo que existe un «alto porcentaje de estudiantes extranjeros» en las facultades de Medicina y aseguró que, en el caso de la UBA, el porcentaje alcanza el 39%.
«Un 39% exacto es el dato que tengo ahora de la Universidad de Buenos Aires. Si es falso lo revisaremos», afirmó el funcionario.
El vocero vinculó ese dato con el debate sobre el financiamiento universitario y la posibilidad de que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a estudiantes extranjeros no residentes.
«Estamos dedicando dinero a formar extranjeros que eventualmente se vuelven a sus países, y pensamos que tenemos que cuidar el dinero de los argentinos para ayudar a los más humildes», argumentó.
La respuesta de la UBA
Tras las declaraciones, el vicepresidente de la UBA, Emiliano Yacobitti, rechazó la interpretación realizada por el Gobierno y aseguró que la presencia de estudiantes internacionales en Medicina es muy inferior a la difundida por Ravier.
Según la documentación presentada por las autoridades universitarias, los alumnos extranjeros representarían alrededor del 6,1% de la matrícula de la Facultad de Ciencias Médicas, muy lejos del 39% mencionado por el vocero presidencial.
El origen de la diferencia
Horas después, Ravier ratificó su postura a través de la red social X y explicó que utilizó datos de la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Nación.
De acuerdo con esos registros, en la Facultad de Medicina de la UBA habría 16.462 estudiantes extranjeros sobre un total de 41.957 alumnos, cifra que equivale al 39% de la matrícula.
Además, señaló que en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) el porcentaje de estudiantes extranjeros alcanzaría el 51%.
La polémica se centra en la metodología utilizada para contabilizar a los estudiantes internacionales y en la diferencia entre los datos oficiales difundidos por el Gobierno y los números presentados por las autoridades universitarias.
El debate se produce en medio de la discusión impulsada por el Ejecutivo para habilitar a las universidades nacionales a decidir si cobran o no aranceles a estudiantes extranjeros, una iniciativa que el Gobierno considera una herramienta para optimizar el uso de los recursos públicos.
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