Buenos Aires, 11 de febrero — La modificación introducida a último momento en el proyecto de Ley de Modernización Laboral que tratará el Senado generó una fuerte reacción de sectores empresarios, que cuestionan que el cambio otorgaría beneficios que permitirían a algunas organizaciones continuar recaudando fondos millonarios sin mecanismos claros de rendición pública.
La controversia gira en torno al artículo 128, que modifica la Ley 14.250 y establece que, a partir del 1 de enero de 2028, las cuotas solidarias —descuentos sindicales aplicados a trabajadores no afiliados— dejarán de ser obligatorias. Desde esa fecha, ningún trabajador podrá sufrir descuentos sindicales sin su consentimiento expreso e individual, según recabó la Agencia Noticias Argentinas.
Asimismo, se fija un tope a las contribuciones patronales destinadas a cámaras empresarias y sindicatos, limitándolas al 0,5% y 2% respectivamente.
Cuestionamientos empresarios
La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam) señaló en un comunicado que existe un posible conflicto de intereses, ya que entidades como la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) participan en negociaciones paritarias y, al mismo tiempo, serían beneficiarias de la administración de aportes obligatorios a través del Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP).
Según la entidad, el aporte obligatorio al INACAP equivale al 0,5% del salario de la categoría Maestranza A, aplicado a aproximadamente 1,2 millones de trabajadores del sector comercio. Cadam sostiene que parte de esos fondos se redistribuye entre la CAC y la CAME bajo el argumento de capacitación y fortalecimiento institucional, lo que implicaría que dichas entidades aumentan su recaudación cada vez que se acuerdan incrementos salariales.
La organización recordó que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, estableció mediante el Decreto 149/2025 el carácter voluntario de estos aportes.
En el marco de una causa judicial, el INACAP habría reconocido una recaudación superior a los 30.000 millones de pesos anuales, sin detallar públicamente el destino específico de esos recursos.
Representatividad y control
Cadam también cuestionó la falta de trazabilidad de los fondos y la existencia de entidades empresarias con representatividad limitada. Entre las organizaciones que expresaron críticas ante el Congreso mencionaron a la Confederación Federal PyME, la Unión de Kiosqueros de la República Argentina, el Centro Comercial de Victoria (Entre Ríos), la Federación Económica de Mendoza y la Cámara de Perfumerías de Argentina, entre otras.
El proyecto establece que, tras la sanción de la ley, los aportes especiales previstos en convenios colectivos a asociaciones sindicales no podrán superar el 2% de las remuneraciones. Además, desde enero de 2028 las contribuciones patronales en beneficio de cámaras o asociaciones empresarias tendrán carácter estrictamente voluntario y no podrán imponerse mediante cláusulas convencionales, especialmente para empleadores que no estén asociados a las entidades beneficiarias.
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