Tarifa social para familias relocalizadas

Trabajo articulado entre el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación y ACUMAR

Tarifa social para familias relocalizadas
Programa de Relocalización de Villas y Asentamientos Precarios

La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) asumió el compromiso de trabajar para solucionar la situación habitacional de las familias residentes en villas y asentamientos precarios dentro de la Cuenca que se encuentran en situación de riesgo ambiental articulando acciones entre las jurisdicciones, organismos, instituciones y otros actores intervinientes.

Con ese objetivo, en 2010, se firmó el Convenio Marco para el cumplimiento del Plan de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios de la Cuenca Matanza Riachuelo junto al Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y los municipios que integran la Cuenca que estableció la necesidad de brindar 17.771 soluciones habitacionales a familias en riesgo social y ambiental.

Desde 2020, el organismo articula con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y las jurisdicciones con el fin de lograr la reactivación de obras del convenio marco que se encontraban detenidas, paralizadas o sin gestión en la Cuenca. Estas se llevan a cabo a través de los programas «Reconstruir» y «Casa Propia» que puso en marcha el Gobierno nacional.

ACUMAR acompaña este proceso realizando la verificación del avance en las obras y acompañando a cada grupo familiar antes, durante y luego de la mudanza de manera tal de garantizar que su adaptación se desarrolle en un marco de respeto por sus derechos y que se logre una adecuada apropiación del nuevo espacio en línea con el «Protocolo para el abordaje de procesos de relocalización y reurbanización de villas y asentamientos precarios en la Cuenca».

Por consiguiente, a través de la publicación de la Resolución 71/2022, ACUMAR definió que aquellas familias enmarcadas dentro del Programa de Relocalización de Villas y Asentamientos Precarios sean incluidas como beneficiarias de la tarifa social.

En la normativa se establece que el organismo identificará a los hogares confeccionando un listado que luego informará a los entes regulatorios y las empresas prestatarias según la jurisdicción que corresponda.

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