La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la responsabilidad del ex policía federal Juan Carlos Alzugaray en el secuestro del abogado boliviano Gustavo Manuel Medina Ortiz, ocurrido en Salta en octubre de 1975, en el marco de la denominada “Operación Cóndor”.
Por mayoría, el máximo tribunal penal rechazó el recurso presentado por la defensa y ratificó la condena como coautor del delito de privación ilegítima de la libertad, calificado como crimen de lesa humanidad. Sin embargo, los jueces Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci absolvieron al imputado del delito de homicidio agravado, decisión que fue rechazada por el magistrado Alejandro Slokar, quien propuso mantener esa condena.
Ledesma destacó la solidez de las pruebas presentadas durante el juicio oral, entre ellas, las declaraciones de los hijos menores de la víctima, de 11 y 12 años, quienes presenciaron el secuestro de su padre por parte de un grupo armado integrado por agentes argentinos y bolivianos.
Por su parte, Slokar sostuvo que los hechos deben analizarse dentro de un contexto de represión transnacional, orquestada por diversas dictaduras sudamericanas con apoyo logístico e informativo de agencias de inteligencia estadounidenses. En ese sentido, remarcó que Alzugaray actuó como parte de una estructura jerárquica destinada a ejecutar un plan sistemático de persecución contra opositores políticos.
“La entrega de personas detenidas a agentes del país vecino, con el fin de asegurar su desaparición o eliminación, constituyó una metodología habitual”, afirmó el magistrado, al recordar que la Operación Cóndor implicó la vigilancia y eliminación de disidentes más allá de las fronteras nacionales.
El caso se remonta al 10 de octubre de 1975, cuando Gustavo Medina Ortiz fue secuestrado durante la madrugada en su domicilio de la ciudad de Salta, frente a su familia, por un grupo de hombres armados, algunos de ellos uniformados. Entre los secuestradores se encontraba Alzugaray, por entonces inspector de la Policía Federal, junto a un agente boliviano. Desde ese momento, no se volvió a tener noticias de la víctima.
Medina Ortiz, abogado y militante sindical de izquierda, había huido de Bolivia tras ser perseguido por el régimen de Hugo Banzer y se había radicado en la Argentina. Su secuestro fue precedido por hostigamientos y amenazas, incluidos allanamientos y advertencias directas por parte de Alzugaray.
Slokar también citó investigaciones y documentos desclasificados por Estados Unidos para señalar el respaldo del gobierno norteamericano a las dictaduras sudamericanas. Recordó, entre otras pruebas, la reunión mantenida en 1976 entre Henry Kissinger y el entonces canciller de la dictadura argentina, César Guzzetti, en la que se avaló la represión ilegal.
“El terror y el desamparo marcaron la vida de nuestros pueblos, que fueron privados de sus derechos sociales, políticos, jurídicos y culturales”, señaló el magistrado, citando al Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.
Con esta resolución, la Cámara de Casación reafirmó la calificación de lesa humanidad de los hechos, en un nuevo avance judicial en el juzgamiento de los crímenes cometidos durante la coordinación represiva regional conocida como “Operación Cóndor”.
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