El Congreso convirtió en ley la reforma de la Ley 26.639, una iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei junto a gobernadores aliados, que introduce cambios clave en la protección de los glaciares y, especialmente, del ambiente periglacial, con el objetivo de habilitar inversiones mineras.
La modificación marca un giro en el esquema de resguardo ambiental vigente desde 2010, al redefinir qué zonas estarán protegidas y bajo qué condiciones podrán desarrollarse actividades económicas.
Qué cambia en el ambiente periglacial
El punto más relevante de la reforma es la flexibilización de las restricciones en el ambiente periglacial, es decir, las zonas que rodean a los glaciares y que cumplen un rol clave en la regulación hídrica.
Hasta ahora, estas áreas tenían una protección amplia, con fuertes limitaciones a la actividad minera. Con la nueva ley:
- se eliminan prohibiciones automáticas para actividades extractivas
- se habilita la exploración y explotación minera bajo evaluación ambiental
- se redefine qué áreas tienen valor hídrico efectivo
En concreto, si no se demuestra científicamente que una zona periglacial cumple una función relevante en la provisión de agua, podrá ser habilitada para su explotación.
Más poder para las provincias
Otro cambio central es la transferencia de facultades a las provincias, que pasarán a tener mayor control sobre:
- la delimitación de zonas protegidas
- la autorización de proyectos productivos
- la evaluación del impacto ambiental
Este punto fue impulsado por mandatarios como Raúl Jalil, Marcelo Orrego, Gustavo Sáenz y Alfredo Cornejo, interesados en potenciar el desarrollo minero en sus distritos.
El rol del inventario de glaciares
La ley original establecía la creación del Inventario Nacional de Glaciares como herramienta clave para identificar y proteger estas áreas.
Sin embargo, la reforma pone en discusión su alcance:
- sectores oficialistas lo consideran desactualizado
- sectores ambientalistas sostienen que su problema fue la falta de financiamiento
Este debate es central, ya que de esos estudios depende ahora la definición de qué zonas seguirán protegidas.
Objetivo económico y polémica ambiental
La reforma se enmarca en la estrategia de atraer inversiones a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), incluido en la Ley Bases de 2024.
Mientras el oficialismo sostiene que permitirá desarrollar el potencial productivo de regiones clave, organizaciones ambientalistas advierten que:
- se debilitan los controles sobre ecosistemas sensibles
- se pone en riesgo la disponibilidad de agua
- se abre la puerta a actividades en zonas antes protegidas
En síntesis, la nueva ley redefine el equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental, trasladando el eje de decisión hacia las provincias y condicionando la preservación de áreas periglaciares a evaluaciones técnicas específicas.
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