Son 18 iniciativas que buscan suspender ejecuciones, congelar intereses y mejorar las condiciones de millones de hogares afectados por el sobreendeudamiento.
El Congreso de la Nación se convirtió en el escenario de un amplio debate sobre el endeudamiento de los hogares, con al menos 18 proyectos de ley en discusión que apuntan a aliviar la situación financiera de millones de familias argentinas.
Las iniciativas, analizadas en la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, proponen medidas como la suspensión de juicios de embargo y cobro mientras dure un proceso de reestructuración de deudas, el congelamiento de intereses por mora y multas, y la prohibición de empeorar la calificación crediticia de los deudores.
El tema cobra relevancia en un contexto donde el 55% de los hogares mantiene compromisos financieros con bancos, billeteras virtuales y tarjetas de crédito, configurando un escenario de fuerte presión económica sobre las familias.
Entre los proyectos se destaca la “Ley de Segunda Oportunidad para Hogares Endeudados”, impulsada por legisladoras de distintos espacios, que propone la creación de un sistema gratuito y administrativo para reestructurar deudas de consumo. El mecanismo podría ser solicitado por personas cuyas deudas superen el 30% de sus ingresos, o el 20% en situaciones de vulnerabilidad.
La iniciativa también contempla la creación de un Observatorio de Endeudamiento de los Hogares, destinado a relevar datos sobre niveles de deuda, morosidad y პირობiciones de financiamiento, con el objetivo de diseñar políticas públicas más efectivas.
En la misma línea, otro proyecto propone un esquema integral de desendeudamiento para facilitar la reinserción de las familias en el sistema crediticio formal.
Las cifras reflejan la magnitud del problema. Según datos del Banco Central, el endeudamiento total de los hogares supera los 39 billones de pesos, de los cuales 32,1 billones corresponden a deuda bancaria y 6,9 billones a deuda no bancaria. Además, alrededor del 20% de los deudores se encuentra en mora, lo que representa unos 4,8 millones de personas.
La morosidad presenta fuertes diferencias según el tipo de entidad: alcanza el 11,2% en el sistema financiero tradicional, pero se eleva al 29,9% en el sector no bancario, donde operan fintech y financieras informales.
El endeudamiento responde, en gran medida, a la necesidad de cubrir gastos básicos. Las familias recurren al crédito para comprar alimentos, pagar servicios, cargar combustible o adquirir medicamentos. En este escenario, el peso de los intereses y punitorios agrava la situación, especialmente en los segmentos de menores ingresos.
La composición de la deuda muestra que el 30,5% corresponde a tarjetas de crédito, seguido por servicios privados como internet, telefonía y cable (10,5%), y el financiamiento informal en comercios de cercanía (8,8%).
El impacto en la economía doméstica es significativo: el 80% de los hogares endeudados destina más del 30% de sus ingresos mensuales al pago de sus obligaciones, lo que limita su capacidad de consumo y ahorro.
Además, uno de cada cuatro hogares solicitó un préstamo durante el primer semestre de 2025, proporción que se eleva a uno de cada tres en los sectores de menores ingresos. A su vez, más de la mitad de las familias reconoce comprar en cuotas o al fiado, mientras que un porcentaje creciente recurre a sus ahorros para afrontar gastos corrientes.
Estudios recientes indican que el 91% de los hogares argentinos tiene algún tipo de deuda, y que el 76% de esas obligaciones presenta dificultades de pago: el 48% se encuentra en mora simple y el 28% en instancia judicial.
En este contexto, el Congreso busca avanzar en herramientas que permitan ordenar el sistema, proteger a los deudores y generar condiciones para una recuperación financiera sostenible, en medio de una problemática que ya atraviesa a la gran mayoría de la sociedad.
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