El Gobierno nacional aprobó el nuevo modelo de contrato de concesión de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), paso clave para avanzar con su privatización y establecer las reglas que regirán el servicio de agua potable y cloacas en el AMBA durante las próximas décadas.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 543/2026, publicada en el Boletín Oficial, en el marco de la Ley de Bases. Según el Ejecutivo, el objetivo es dotar de “mayor claridad” a las obligaciones y derechos tanto del Estado como del futuro operador privado, en un esquema que impacta sobre más de 14 millones de usuarios.
El nuevo contrato fija una concesión por 30 años, con posibilidad de extenderla por otros 10, e incluye la prestación del servicio en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense, entre ellos Quilmes, Berazategui y Florencio Varela.
En términos operativos, el plan oficial contempla la venta de al menos el 51% de las acciones a un “operador estratégico”, mientras que el resto será colocado en el mercado de capitales. La validación del contrato es considerada un paso necesario para otorgar previsibilidad jurídica y atraer inversores interesados en hacerse cargo de uno de los servicios públicos más sensibles del país.
El esquema también establece una hoja de ruta en dos etapas. La primera, de transición entre 2024 y 2026, obliga a la empresa a cumplir un plan de saneamiento y reordenamiento financiero. Luego, desde 2027, comenzará el denominado “Primer Ciclo Tarifario”, bajo gestión privada, con metas de inversión y expansión de la red que deberán ser cumplidas por el concesionario.
Con este avance, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas queda habilitada para lanzar el proceso licitatorio a nivel nacional e internacional, en busca de definir quién tomará el control del servicio en una región clave por su densidad poblacional y su impacto social.
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