El Senado de la Nación sesionará este jueves desde las 16 para tratar una agenda cargada de temas sensibles para el Gobierno nacional, entre ellos la continuidad del juez Carlos Mahiques, el pago de una millonaria deuda a fondos buitre y un proyecto para regularizar la tenencia de armas de fuego.
Además, ingresarán alrededor de 70 pliegos para cubrir vacantes en la Justicia, lo que abrirá el correspondiente trámite parlamentario en la Comisión de Acuerdos.
La convocatoria fue acordada durante una reunión de Labor Parlamentaria entre la titular del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y representantes del PRO, la UCR, Provincias Unidas y otros espacios provinciales.
Uno de los puntos centrales será la prórroga por cinco años del mandato del juez Carlos Mahiques, quien debía jubilarse al alcanzar los 75 años. El magistrado es padre del actual ministro de Justicia, situación que vuelve a poner el foco sobre los vínculos entre sectores del Poder Judicial y el oficialismo.
En paralelo, se debatirá el proyecto impulsado por el ministro de Economía, Luis Caputo, para autorizar el pago de US$171 millones a dos fondos buitre y así cerrar acuerdos judiciales que buscan evitar avances sobre activos argentinos, entre ellos acciones de YPF.
La iniciativa contempla cancelar US$67 millones al fondo Bainbridge Ltd. y otros US$104 millones al grupo encabezado por Attestor Value Master Fund LP. El Gobierno había fijado inicialmente el 30 de abril como fecha límite para concretar el acuerdo, aunque luego extendió el plazo hasta el 31 de mayo.
Si el Senado aprueba la iniciativa, Diputados podría convertirla en ley durante la sesión prevista para el próximo 20 de mayo.
Otro de los proyectos incluidos en el temario apunta a regularizar la tenencia de armas de fuego y prorrogar hasta diciembre de 2027 el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas y Municiones.
La iniciativa, que ya fue aprobada en Diputados durante 2024, incorpora un mecanismo simplificado para que usuarios puedan declarar armas de manera virtual y renovar credenciales sin volver a acreditar idoneidad en determinados casos.
También establece un plazo de 360 días para que quienes posean armas no autorizadas puedan presentarse ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) y regularizar su situación.
Además, se mantendrá el sistema de entrega voluntaria y anónima de armas para su destrucción, acompañado por incentivos económicos mediante cupones canjeables por dinero en efectivo.
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