El ciudadano peruano estaba imputado por tenencia simple de estupefacientes y cumplía una medida de detención domiciliaria con monitoreo electrónico. Fue localizado en Chacarita y la Justicia porteña dispuso su prisión preventiva durante 45 días. Migraciones ordenó además su expulsión y prohibió su reingreso a la Argentina.
Un ciudadano de nacionalidad peruana fue detenido en el barrio porteño de Chacarita luego de que las autoridades detectaran que se había quitado la tobillera electrónica que debía utilizar como parte de las restricciones impuestas por la Justicia.
El hombre se encontraba imputado en una causa por tenencia simple de estupefacientes y cumplía una medida de detención domiciliaria con monitoreo electrónico. Al comprobarse que se había removido el dispositivo, la Fiscalía solicitó que se agravara su situación procesal.
El procedimiento estuvo a cargo de la Unidad de Flagrancia Norte (UFLA Norte) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, a partir de una intervención de la auxiliar fiscal Natalia Pla.
El imputado fue localizado en la zona de Fraga, dentro del barrio de Chacarita, luego de que se constatara el incumplimiento de las condiciones bajo las cuales se encontraba sometido a la medida judicial.
De la detención domiciliaria a la prisión preventiva
La utilización de la tobillera electrónica había sido establecida como mecanismo de control de la medida restrictiva. El dispositivo permite monitorear los movimientos de una persona y verificar que respete las condiciones fijadas judicialmente.
Al advertir que el acusado se había retirado el artefacto, la fiscalía consideró que se había producido un incumplimiento de las restricciones impuestas.
Ante esta situación, la auxiliar fiscal solicitó la prisión preventiva, pedido que fue convalidado por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N.º 2, subrogado por el juez Julio Rebequi.
La medida fue establecida por un plazo de 45 días, mientras continúa el trámite de la causa.
El caso sumó además otro elemento determinante: durante la investigación se verificó que el hombre se encontraba en una situación migratoria irregular en la Argentina.
Migraciones pidió la expulsión
A partir de esa situación, la fiscalía solicitó que se dispusiera su expulsión del territorio argentino.
El pedido fue posteriormente elevado a la Justicia y, tras la intervención de la Dirección Nacional de Migraciones, se ordenó la expulsión del ciudadano peruano y se estableció que no podrá volver a ingresar al país.
La decisión quedó en manos del titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N.º 30, Juan José Cavallari, quien dispuso la prohibición de reingreso luego de analizar el pedido formulado por Migraciones.
De esta manera, el episodio derivó en dos consecuencias diferentes: por un lado, el avance de la causa penal a partir del incumplimiento de la medida judicial; por otro, la resolución vinculada con su situación migratoria.
Un incumplimiento que cambió su situación procesal
La colocación de una tobillera electrónica no constituye una condena, sino una herramienta de control destinada a garantizar el cumplimiento de una medida judicial.
En este caso, la remoción del dispositivo fue considerada por la Justicia como un incumplimiento de las condiciones establecidas. Esa circunstancia llevó a que la fiscalía pidiera modificar el régimen que hasta entonces cumplía el imputado.
El hombre, además, contaba con una condena en suspenso por tenencia simple de estupefacientes, antecedente que fue tenido en cuenta al analizar su situación, de acuerdo con la información oficial difundida sobre el procedimiento.
La causa continuará ahora bajo intervención de la Justicia porteña, mientras se avanza con las actuaciones necesarias para concretar la expulsión del territorio nacional.
Por el momento, el imputado permanecerá privado de su libertad en función de la prisión preventiva dispuesta por 45 días y, en paralelo, quedó alcanzado por la prohibición de reingreso al país.
El episodio comenzó con una medida destinada a controlar una detención domiciliaria y terminó derivando en un cambio de situación procesal y en una resolución migratoria que impide al ciudadano peruano volver a ingresar a la Argentina.
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