La Defensoría del Pueblo bonaerense pidió que el episodio sea investigado también como un posible delito contra la fauna silvestre. El planteo podría elevar la pena máxima e incluir una inhabilitación de hasta diez años.
La causa contra Sebastián Favre, el vecino de Nordelta que fue filmado mientras disparaba contra un grupo de carpinchos desde el jardín de su vivienda, podría tomar un nuevo rumbo judicial luego de que la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires solicitara que el hecho sea investigado también como un posible delito contra la fauna silvestre.
El planteo fue presentado ante la UFI N°1 descentralizada de Benavídez, a cargo del fiscal Cosme Iribarren, que ya investiga el episodio bajo las figuras de maltrato y crueldad animal previstas en la Ley 14.346.
La Defensoría, encabezada por Guido Lorenzino, pidió además que se analice la aplicación del artículo 25 de la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna, una normativa que contempla penas de prisión para quienes cacen ejemplares de especies silvestres cuya captura o comercialización se encuentre prohibida.
Qué establece la legislación
La figura prevista en el artículo 25 contempla una pena de dos meses a dos años de prisión, además de hasta cinco años de inhabilitación especial.
Sin embargo, en determinadas circunstancias agravantes, la escala puede elevarse a entre cuatro meses y tres años de prisión, junto con una inhabilitación de hasta diez años.
La Defensoría considera que el episodio podría quedar comprendido dentro de esa modalidad agravada y que, eventualmente, podría establecerse además una prohibición para utilizar armas de caza.
El organismo aclaró que, aun con esa eventual calificación, se trataría de un delito excarcelable. Sin embargo, sostuvo que una eventual condena tendría un efecto ejemplificador frente a hechos de violencia contra la fauna silvestre.
No sería necesario demostrar que un carpincho fue alcanzado
Uno de los puntos centrales del planteo es que no sería indispensable demostrar que alguno de los animales recibió un impacto para determinar si la conducta puede ser considerada un acto de caza.
La Defensoría fundamentó su presentación en el Código Rural bonaerense, cuyo artículo 265 considera como acto de caza las acciones destinadas a buscar, perseguir, acosar, apresar o matar animales silvestres.
Bajo ese criterio, la ausencia de un animal herido o muerto no necesariamente eliminaría la relevancia penal del comportamiento investigado.
Además, el organismo señaló que el carpincho no se encuentra entre las especies cuya caza está habilitada en la provincia de Buenos Aires, por lo que está alcanzado por las normas de protección de la fauna.
La presentación también pide analizar el lugar donde fueron efectuados los disparos, debido a que la normativa bonaerense establece restricciones específicas para la actividad de caza en zonas urbanas, suburbanas y espacios habitualmente frecuentados por personas.
El episodio ocurrió en septiembre
El hecho ocurrió el 17 de septiembre en el barrio Los Alisos, dentro de Nordelta, y quedó registrado por otros residentes.
En las imágenes difundidas se observa a Favre, de 49 años, en el jardín de su propiedad y con un arma en dirección a varios carpinchos que se encontraban próximos al agua. Los registros fueron posteriormente incorporados a la investigación judicial.
A partir de las denuncias realizadas por vecinos, la Policía bonaerense allanó la vivienda y secuestró un arma de aire comprimido, además de prendas que podrían coincidir con las utilizadas por el hombre en las imágenes.
Ahora deberán realizarse pericias para determinar las características del arma, su potencia y alcance y, especialmente, si puede provocar lesiones o la muerte de un animal de esas dimensiones. También se deberá establecer si se trata del mismo elemento que aparece en los videos.
También recibió una sanción económica
Mientras la investigación penal continúa, Favre recibió una sanción dentro del propio complejo habitacional.
El Tribunal de Disciplina de Los Alisos le aplicó una multa de $4,5 millones, la máxima prevista por las normas internas del barrio, por el episodio registrado.
La administración de Nordelta, además, expresó públicamente su rechazo al uso de armas dentro de zonas residenciales y aseguró que aportó a la Justicia el material disponible para contribuir con la investigación.
El caso, que comenzó como una investigación por presunto maltrato animal, podría adquirir así una dimensión judicial mayor si la fiscalía acepta el planteo de la Defensoría y avanza con la hipótesis de un delito contra la fauna silvestre.
Por ahora, los hasta tres años de prisión constituyen la escala penal que podría corresponder bajo la figura agravada solicitada por la Defensoría y no una pena impuesta al acusado.
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