El expediente que se inició después de un polémico viaje del funcionario a Rio de Janeiro en 2013. La decisión ya fue apelada por la Oficina Anticorrupción, el organismo que está dirigido por el fiscal Félix Crous.
«Nada se pudo concluir de sobre la totalidad de la prueba colectada, que incluye declaraciones juradas, escrituras públicas, movimientos bancarios, gastos de tarjetas de crédito y pólizas de seguro, sumado a la cantidad de años de investigación y la búsqueda de datos a través de los consumos y gastos perpetrados por Echegaray», concluyó el juez Canicoba Corral en su escrito.
La OA, sin embargo, consideró que el sobreseimiento dictado por el juez fue «prematuro» porque restaba conocer el resultado de una medida de prueba «esencial»: una pericia contable sobre los bienes del ex funcionario que fue ordenada por el magistrado en dicho expediente, pero que lleva cinco años de demora.
La OA pidió en su apelación que se intime al Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema para que entregue el informe, y que se analice esa nueva prueba antes de dictar el sobreseimiento a Echegaray.
El juez había hecho mención a las demoras del peritaje durante el fallo porque el estudio había sido ordenado en 2015.
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