El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) declaró el “estado de alerta máxima” y advirtió que el Gobierno avanza en un proceso que, aunque no se presente explícitamente como cierre, implica una reconfiguración profunda que despoja de operatividad al organismo tradicional a cargo de las rutas nacionales. Según el gremio, dichas modificaciones surgen de un nuevo organigrama diseñado bajo directrices del ministro de Desregulación que terminarían por limitar a Vialidad a tareas administrativas de planificación, control y fiscalización, dejando de lado la ejecución directa de obras y mantenimientos esenciales.
¿Qué significa un cierre “encubierto”?
Para el sindicato, la “reorientación institucional” proyectada en el nuevo esquema esconde, en los hechos, la eliminación de las funciones operativas de Vialidad. Esto implicaría que el Estado ya no se encargue de construir, mantener y conservar la red vial nacional, sino que adopte un rol de mero observador de cómo terceros —si lo hacen— realizan esas tareas. Un abandono de funciones esenciales que, de concretarse, tendría un impacto directo sobre millones de usuarios que transitan por rutas distribuidas por todo el país.
Además, desde el STVyARA intimaron formalmente a funcionarios como el ministro de Desregulación y al secretario de Transformación del Estado y Función Pública para que se abstengan de implementar medidas que impliquen la “disolución, vaciamiento o desnaturalización” de la Dirección Nacional de Vialidad, alertando que estas decisiones afectarían no solo la operatividad del organismo sino la seguridad jurídica y física de quienes circulan por la red vial nacional.
Un contexto de transformación estatal
Aunque el Gobierno no ha hablado de un cierre explícito en estos términos, medidas similares ya se han concretado en el pasado reciente: en 2025 se oficializó la disolución de la agencia como parte de una reorganización integral del sistema vial y de transporte público, en un plan de reestructuración de organismos estatales que incluyó centralizar ciertas funciones bajo otras carteras y reasignar competencias a fuerzas como la Gendarmería Nacional.
Según informes oficiales previos, la medida fue justificada por la necesidad de reducir estructuras consideradas “sobredimensionadas” y liberar recursos del Estado nacional. Sin embargo, organizaciones gremiales, sectores de la construcción y actores sindicales advirtieron que esto podría traducirse en un retiro explícito del Estado de la gestión y mantenimiento de rutas, con riesgos operativos y de seguridad vial.
Impactos sociales y políticos
La denuncia del STVyARA no se limita a una cuestión administrativa: abre un debate sobre el rol del Estado en infraestructura clave para la conectividad y el desarrollo nacional. La red de rutas es fundamental para el transporte de bienes y personas, para la integración federal y para la logística económica. Decisiones que alteren quién y cómo se gestionan estas rutas tienen efectos directos en la vida cotidiana de millones de argentinos, especialmente en regiones del interior donde la dependencia del Estado en el mantenimiento vial sigue siendo importante.
El reclamo sindical se inserta en una agenda más amplia de tensiones entre el Ejecutivo y diversos sectores productivos y gremiales, que cuestionan la profundidad y velocidad de las reformas impulsadas desde el Gobierno. La advertencia de “cierre encubierto” de Vialidad Nacional es, en este sentido, un eslabón más en una serie de debates sobre qué Estado se quiere para los próximos años y quién debe encargarse de funciones estratégicas para la movilidad y la seguridad en todo el país.
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