El relato económico liberal-libertario que se intenta instalar en 2024 presenta serias inconsistencias en sus fundamentos cuantitativos, lo que pone en entredicho su credibilidad y su impacto en la opinión pública. El índice de precios al consumidor, utilizado como parámetro clave para evaluar la marcha de la economía, está desactualizado, lo que genera comparaciones erróneas y, por ende, una imagen distorsionada de la realidad.
Esta distorsión no es un detalle menor, ya que las cifras económicas influyen directamente en la narrativa política y en la consolidación del poder de figuras como Javier Milei. Al basar el discurso en datos incorrectos o alterados, se construye una percepción de éxito o fracaso que puede no coincidir con lo que verdaderamente ocurre en la economía real.
Un punto crítico de este relato es el manejo de las cifras vinculadas a la megadevaluación. Tras el impacto inicial de esta medida, la economía comenzó a mostrar una tendencia de estabilización, pero las variaciones porcentuales de este proceso están alteradas por la falta de actualización de los índices y por una metodología de cálculo que no refleja con exactitud el comportamiento del mercado. Esto contribuye a una narrativa de «ajuste exitoso» que esconde los costos sociales y económicos reales de las políticas implementadas.
La falta de rigor en los datos también afecta la posibilidad de un debate público informado. Si la sociedad y los analistas económicos trabajan con información defectuosa, el análisis de las políticas públicas y sus resultados queda condicionado por una base empírica viciada. En este contexto, los relatos económicos se convierten en herramientas de propaganda en lugar de instrumentos para comprender y resolver los problemas estructurales del país.
La importancia de esta cuestión radica en que, para que Milei y su espacio político puedan consolidar su poder, necesitan construir un discurso de éxito económico que seduzca a amplios sectores de la población. Sin embargo, si este discurso se basa en datos distorsionados, la realidad terminará imponiéndose, y el costo podría ser la deslegitimación de sus propuestas y un nuevo ciclo de desencanto social.
En este sentido, resulta fundamental exigir transparencia y rigurosidad en los indicadores económicos que se utilizan para evaluar las políticas públicas. La información precisa no solo es un derecho de la ciudadanía, sino también una herramienta indispensable para fortalecer la democracia y evitar que el debate político se reduzca a una competencia de relatos desprovistos de fundamento.
