Buenos Aires, 9 mayo – El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, acusó a la Universidad de Buenos Aires (UBA) de intentar concentrar la mayor parte de los fondos destinados a hospitales universitarios de todo el país y aseguró que el Gobierno nacional ya cumplió con todas las transferencias correspondientes.
El funcionario sostuvo que el conflicto responde a “una extorsión política” impulsada por el vicerrector Emiliano Yacobitti para presionar por mayores recursos presupuestarios.
Álvarez salió al cruce de las denuncias realizadas por la UBA sobre una supuesta falta de financiamiento para el Hospital de Clínicas y otros centros de salud universitarios, situación que, según la universidad, pone en riesgo la atención médica.
“Pretenden quedarse con 75.000 millones de pesos, que representan el 95% del fondo total destinado a hospitales universitarios”, afirmó el subsecretario.
Según explicó, el fondo extraordinario destinado a salud universitaria asciende a 80.000 millones de pesos para todo el país y la intención de la UBA sería ejecutar casi la totalidad durante los primeros meses del año.
“Para el resto de los hospitales universitarios quedarían apenas 4.000 millones”, sostuvo, y ejemplificó que la Universidad Nacional de Cuyo ya solicitó cerca de 2.400 millones para sus propios centros de salud.
El funcionario aseguró además que las transferencias mensuales fueron realizadas “en tiempo y forma” y calificó de “falsa” la denuncia de desfinanciamiento.
“Publiqué todas las transferencias hechas y les dije a los médicos que tienen que reclamarle al rectorado, porque nosotros ya hicimos los giros”, señaló en declaraciones radiales.
Álvarez también apuntó directamente contra Emiliano Yacobitti, a quien acusó de utilizar políticamente el conflicto universitario.
“Sacan a los médicos a la calle, hablan de pacientes oncológicos sin atención y generan pánico para extorsionar al Gobierno”, expresó.
En otro tramo de sus declaraciones, defendió la necesidad de avanzar con auditorías técnicas de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) sobre las universidades públicas y cuestionó que la UBA mantenga disputas judiciales para limitar esos controles.
“La ley es clarísima: la auditoría interna corresponde a la SIGEN y la externa a la AGN. Si están manejando bien las cuentas públicas, ¿por qué se niegan a ser auditados?”, planteó.
El subsecretario también cuestionó el actual sistema de distribución presupuestaria universitaria y propuso avanzar hacia un esquema basado en indicadores objetivos como cantidad de alumnos activos, graduados, infraestructura y costos operativos.
En ese sentido, aseguró que el Gobierno detectó irregularidades y estadísticas infladas dentro del sistema universitario.
“El 40% de la matrícula universitaria nunca rindió un examen en dos años”, afirmó.
Además, criticó el financiamiento estatal para estudiantes extranjeros, especialmente en carreras de alto costo como Medicina.
“En la Facultad de Medicina de la UBA, alrededor del 50% de la matrícula son extranjeros”, sostuvo, al defender los cambios implementados en el sistema de residencias médicas para priorizar a quienes estudiaron en universidades argentinas.
Finalmente, Álvarez aseguró que el objetivo oficial es “ordenar prioridades” y recuperar el rol central de las universidades públicas.
“La misión principal es enseñar, aprender y generar graduados de calidad”, concluyó.
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