La Casa Rosada inició una purga en la Procuración del Tesoro por presuntas filtraciones que habrían beneficiado a los fondos buitres en la causa por la expropiación de YPF. El juicio más millonario de la historia argentina mantiene en vilo al Gobierno.
En medio del juicio que podría costarle a la Argentina USD 16.100 millones, el Gobierno de Javier Milei tomó una drástica decisión: echó a más de 60 funcionarios de la Procuración del Tesoro, el organismo encargado de defender al Estado en litigios internacionales. Aunque oficialmente se habla de una “reestructuración”.
En la Casa Rosada sospechan que hubo filtraciones de información clave que podrían haber beneficiado al fondo Burford, demandante en la causa por la estatización de YPF.
Según trascendió, desde hace meses se venía investigando la posibilidad de que estrategias jurídicas del Estado argentino fueran conocidas de antemano por los abogados que representan a los fondos buitres en Nueva York. Las sospechas generaron tensión dentro del Ministerio de Justicia y llegaron hasta el propio presidente Javier Milei, que expresó su malestar por el manejo del caso.
La causa
La jueza Loretta Preska, ya determinó en primera instancia que Argentina debía entregar el 51% de las acciones de YPF a los demandantes. Sin embargo, este martes el Gobierno consiguió un pequeño alivio: la Cámara del Segundo Circuito de Nueva York suspendió preventivamente esa orden mientras analiza si concede una suspensión definitiva.
Mientras tanto, se confirmó que el Gobierno de Estados Unidos, bajo la figura de “amicus curiae”, se sumará al proceso para expresar su postura sobre este juicio considerado histórico. A nivel local, sin embargo, la desconfianza interna crece, y algunos ojos apuntan incluso al jefe actual de la Procuración, Santiago Castro Videla, quien habría sido recomendado por Santiago Caputo, una de las figuras clave del entorno de Milei.
Además, surgieron versiones que vinculan al propio estudio jurídico de Castro Videla con profesionales que apoyaron al fondo Burford en el litigio contra YPF, lo que no hace más que alimentar las especulaciones sobre un posible conflicto de intereses dentro del Estado argentino.
Como parte de la reorganización, la Procuración reducirá su estructura: pasará de seis a cuatro direcciones nacionales, cerrará la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, y concentrará sus funciones en un centro con menos de un tercio del personal anterior. La medida se enmarca en la política de ajuste del Gobierno, que busca “una mayor eficiencia” y recorte de “gastos superfluos”, como viajes oficiales.
Pese a todo, el juicio sigue su curso, y la presión política y económica que implica mantiene en alerta al Gobierno nacional, que ahora además debe lidiar con el fuego interno: una crisis institucional en uno de los organismos más sensibles para la defensa del patrimonio estatal.
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