Pese al fuerte rechazo del gobierno provincial, empresarios y sindicatos, el Gobierno nacional ratificó este jueves que no revertirá la eliminación de los aranceles a la importación de productos electrónicos, una decisión que podría provocar la pérdida de más de 8.000 empleos en Tierra del Fuego.
“La decisión queda tal cual se anunció”, sostuvo el vocero presidencial Manuel Adorni, quien defendió la medida en su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada. “El esquema donde se sostienen determinados puestos laborales o producción a base de impuestos que pagan otros argentinos es, de mínima, injusto”, argumentó.
El nuevo esquema, oficializado el martes, elimina la protección arancelaria que regía para los productos ensamblados en la provincia, lo que impacta de lleno en una de las principales actividades económicas de la isla. A pesar del efecto devastador que podría tener sobre la matriz productiva local, desde el Ejecutivo insisten en avanzar con la desregulación.
Adorni justificó la medida al afirmar que “la baja de aranceles y de impuestos es simplemente más dinero en el bolsillo de los contribuyentes”. Y cargó contra los subsidios cruzados: “Que tu producto tenga que salir más caro para sostener una fuente de trabajo en sectores donde muchas veces tienen riquezas naturales o posibilidad de explotar otras fuentes de ingreso, como el turismo, no es justo”.
Consultado sobre la relación con el gobernador Gustavo Melella, el vocero aclaró que el diálogo “no está roto”, aunque desde el Ejecutivo fueguino reclaman que la medida sea revisada con urgencia. Advierten que, de no haber alguna compensación, la provincia podría enfrentar un colapso productivo y social.
La industria electrónica fueguina se desarrolla bajo un régimen promocional creado décadas atrás para fomentar el desarrollo en zonas periféricas del país. La eliminación de los aranceles deja a las empresas locales en una posición desventajosa frente a los productos importados, que ahora ingresarán al país sin restricciones.
