El juez de Garantías de Florencio Varela, Diego Agüero, no hizo lugar al pedido de excarcelación de ninguno de los 10 acusados por el caso de la violación «en manada» que denunció una joven de 17 años en abril.
La audiencia comenzó ayer al mediodía con la presencia de todos los detenidos, defensores particulares, fiscal, abogado del Centro de Asistencia a la Víctima y ante el juez de Garantías Diego Agüero, quien por disposición de la Cámara de Quilmes debía analizar la excarcelación de los detenidos, sin expresar sus opiniones personales (vale recordar que había sido recusado por los defensores «por ser un juez feminista»).
Los defensores expresaron que los jóvenes no tenían antecedentes, que se les había extraído sangre para el ADN y que correspondía que esperen el resultado del estudio y en su caso el juicio en libertad, ya que se presentarían cuando los cite la Justicia.
El representante de la víctima, doctor Gustavo Rodríguez, le pidió al Juez que tenga presente el estado de vulnerabilidad de la niña víctima de la violación y puso en conocimiento que la misma había denunciado que los familiares de unos detenidos la amenazaban telefónicamente y por redes sociales para que retirase la denuncia.
Por su parte, el agente fiscal, doctor Darío Provisionato, se opuso a todo tipo de pedido liberatorio y le pidió al Juez que los mantenga en la misma condición (detenidos) para garantizar que la causa llegue al juicio.
La defensa replicó los fundamentos del fiscal y del abogado de la víctima, expresando que «la pobreza de la niña y su vulnerabilidad debía ser atendida por el Estado y que no se debía adelantar una condena a los detenidos por esa situación ni por la demora del estudio de ADN».
Finalmente, el Juez de Garantías, utilizando un lenguaje sencillo, le explicó a los detenidos que no iba a concederles la excarcelación, ya que no encontraba en los fundamentos de los abogados defensores motivos que le aseguren que si autorizaba a que enfrenten la investigación en libertad, se vayan a presentar voluntariamente a un juicio oral, en el que enfrentarán una acusación por el delito de «abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de diez o más personas y por haber sido gravemente ultrajante para la víctima», que prevé una pena máxima de veinte años de prisión.
Los abogados defensores le pidieron al Juez que resuelva por escrito el pedido de detención domiciliaria, después de recibir los informes de pulseras electrónicas y antecedentes penales y apelaron la excarcelación denegada, para que sea revisada por una de las salas de la Cámara de Quilmes.
