El indicador elaborado por JP Morgan pasó de 402 puntos básicos en julio a 831 en noviembre. La recesión, las dudas sobre la capacidad de pago de la deuda y la fragilidad política del Gobierno aparecen entre los factores que explican el deterioro financiero, en un contexto de caída de bonos y acciones.
El riesgo país argentino volvió a encender las alarmas del mercado financiero. El indicador elaborado por JP Morgan alcanzó los 831 puntos básicos este martes 3 de noviembre, luego de haber registrado un mínimo de 402 puntos el 10 de julio. De esta manera, más que duplicó su valor en menos de cuatro meses y reflejó el creciente nivel de desconfianza de los inversores sobre la situación económica y financiera del país.
El deterioro se produce en medio de una economía que atraviesa dificultades para recuperar la actividad, un escenario de tensión política dentro del oficialismo y crecientes interrogantes sobre cómo el Gobierno de Javier Milei afrontará los vencimientos de deuda de los próximos meses.
La suba del indicador también coincide con una fuerte caída de los títulos públicos y de las acciones argentinas, tanto en el mercado local como en Wall Street. La combinación de estos movimientos expone las dificultades del programa económico para recuperar el acceso al financiamiento internacional, una de las principales apuestas del ministro de Economía, Luis Caputo.
De 402 a 831 puntos: el deterioro en apenas cuatro meses
El dato que concentra la preocupación de los analistas es la velocidad del aumento. El 10 de julio, el riesgo país había alcanzado los 402 puntos básicos, uno de los niveles más bajos desde la llegada de Milei a la Casa Rosada. Desde entonces, la tendencia cambió y el indicador comenzó a escalar hasta superar los 800 puntos.
La evolución contrasta con la de otros países de América Latina, donde durante el mismo período no se registraron aumentos de magnitud comparable. Uruguay, Chile, Paraguay y Perú conservaron niveles considerablemente más bajos, mientras que Brasil, México y Colombia mostraron variaciones moderadas.
La comparación regional resulta relevante porque permite observar que el deterioro argentino no responde exclusivamente a un movimiento generalizado de los mercados internacionales. Las condiciones externas influyen sobre todos los países, pero la magnitud del castigo sobre los activos locales refleja también factores propios de la economía y la política argentina.
El aumento del riesgo país encarece el costo de endeudamiento y aleja la posibilidad de que el Gobierno pueda regresar a los mercados internacionales para refinanciar sus compromisos en condiciones más favorables.
La deuda y las dudas sobre la capacidad de pago
Uno de los principales interrogantes de los inversores es cómo conseguirá el Ejecutivo los dólares necesarios para cumplir con los vencimientos de deuda. Aunque Milei y Caputo ratificaron en reiteradas oportunidades su voluntad de pagar todos los compromisos, el mercado pone el foco en la capacidad efectiva de generar divisas.
El equilibrio fiscal, principal bandera económica del Gobierno, no garantiza por sí mismo la disponibilidad de dólares para afrontar obligaciones externas. La diferencia entre tener superávit en las cuentas públicas y contar con las divisas necesarias para pagar deuda constituye uno de los puntos centrales de la discusión financiera.
La preocupación se profundiza por las necesidades de financiamiento previstas para 2027. Las estimaciones mencionadas en el análisis económico ubican el faltante potencial de dólares entre los 15.000 y los 20.000 millones, una cifra que obliga al Gobierno a conseguir nuevas fuentes de financiamiento o utilizar recursos del Banco Central.
En ese contexto, el acceso al crédito internacional aparece cada vez más complicado. Desde agosto, el Ejecutivo no logra colocar deuda en dólares en el mercado local y las privatizaciones tampoco alcanzan, por sí solas, para cubrir los compromisos financieros.
El pago al FMI y la dependencia de las reservas
La presión sobre las cuentas externas también quedó expuesta por los próximos vencimientos con el Fondo Monetario Internacional. El Gobierno debía afrontar durante esta semana un pago de aproximadamente 877 millones de dólares, mientras que en diciembre tendrá otro compromiso cercano a los 340 millones.
A esa situación se suma la expectativa de un desembolso del organismo por unos 900 millones de dólares, sujeto a la aprobación de las condiciones acordadas con los técnicos y del directorio del Fondo.
El problema es que el financiamiento previsto todavía no está asegurado y el mercado observa con preocupación la posibilidad de que el Ejecutivo deba recurrir a las reservas internacionales del Banco Central para cumplir con sus obligaciones.
Un informe de CP Consultores advirtió sobre la fragilidad de la posición patrimonial de la autoridad monetaria. Según sus estimaciones, las reservas netas rondarían los 12.000 millones de dólares, aunque, si se descuenta el último préstamo del FMI, el resultado sería negativo en alrededor de 3.000 millones.
El estudio también distinguió entre las reservas netas y la liquidez de corto plazo, que estimó en unos 22.000 millones de dólares. Esa diferencia resulta importante para evaluar la capacidad inmediata de respuesta del Banco Central, aunque no elimina los interrogantes sobre la sustentabilidad del esquema financiero.
Recesión, caída de las acciones y tensión política
El aumento del riesgo país se produce en paralelo con señales de deterioro de la economía real. La actividad continúa mostrando dificultades para recuperarse, mientras que el consumo y distintos sectores productivos enfrentan un escenario de debilidad.
La caída de los activos financieros también refleja ese clima. En una de las últimas jornadas de operaciones, el índice Merval retrocedió 4,5% medido en dólares, mientras que algunas acciones argentinas que cotizan en Nueva York registraron pérdidas de dos dígitos. IRSA llegó a caer 12,8% y Cresud, 8,1%.
A los factores económicos se suma la incertidumbre política. La administración libertaria enfrenta tensiones internas y dificultades para consolidar una estrategia que permita sostener el programa de ajuste sin profundizar el deterioro de la actividad.
En el análisis de los factores que explican la suba del indicador también aparece el escenario internacional. La guerra en Irán y sus consecuencias sobre los precios de la energía, el resultado electoral en Brasil y las elecciones legislativas de Estados Unidos forman parte de un contexto global que condiciona las expectativas de los inversores.
Sin embargo, la evolución de los indicadores de otros países de la región muestra que esos acontecimientos no provocaron un deterioro financiero de la misma magnitud.
El impacto de las elecciones en Estados Unidos
La situación política estadounidense se convirtió en otro elemento de preocupación para los mercados argentinos. Las elecciones de medio término ponen en juego el control del Congreso y pueden modificar el margen de maniobra de Donald Trump.
La posibilidad de una derrota republicana alimenta las dudas sobre la continuidad del respaldo político y financiero de Washington a la administración de Milei. El apoyo estadounidense fue un factor relevante para contener las tensiones cambiarias y financieras durante los últimos meses.
En el mercado existe preocupación por la posibilidad de que la Argentina necesite un nuevo auxilio externo para afrontar sus compromisos y sostener el programa económico. Una modificación del escenario político en Estados Unidos podría complicar esa expectativa.
El riesgo país, en ese sentido, funciona como una señal de las dudas que persisten sobre la capacidad del Gobierno para conseguir financiamiento y estabilizar la economía.
La apuesta al ajuste, bajo la mirada de los mercados
La estrategia de Milei y Caputo sostiene que el equilibrio fiscal, la reducción del gasto público y la disciplina monetaria permitirán recuperar la confianza y atraer inversiones. Sin embargo, la suba del riesgo país plantea un interrogante sobre los resultados de esa política.
La recesión puede debilitar la recaudación, reducir la producción y limitar la generación de divisas, mientras que el ajuste sobre la infraestructura y la actividad económica puede afectar las perspectivas de crecimiento. Ese escenario termina impactando sobre la capacidad futura de pago de la deuda.
La voluntad de cumplir con los vencimientos es una condición necesaria, pero no suficiente para convencer a los acreedores. Los inversores también evalúan si el país podrá generar los recursos necesarios para afrontar sus compromisos sin depender permanentemente de nuevos préstamos.
Con el riesgo país nuevamente por encima de los 800 puntos, el Gobierno enfrenta una señal de advertencia. Después de meses de ajuste y de un respaldo financiero extraordinario de organismos internacionales y Estados Unidos, la confianza del mercado todavía no se traduce en una mejora sostenida de las condiciones de financiamiento.
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