La decisión del Gobierno nacional de retirar el pliego de María Verónica Michelli para ocupar un cargo judicial generó una fuerte controversia en el Senado y abrió una nueva grieta entre La Libertad Avanza y varios sectores dialoguistas que hasta ahora venían acompañando al oficialismo en temas clave.
Michelli, actual secretaria del Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata, había sido propuesta para integrar el Tribunal Oral Criminal Federal N°3 de esa ciudad. Sin embargo, la Casa Rosada decidió frenar su designación luego de que trascendiera su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, quien en los últimos meses publicó investigaciones sensibles vinculadas al Gobierno nacional.
La medida cayó mal entre bloques aliados y sectores opositores moderados, especialmente porque varios senadores ya habían acompañado el dictamen favorable tras analizar sus antecedentes y escuchar su exposición durante la audiencia pública correspondiente.
Dentro de la Cámara alta crece el malestar por lo que algunos legisladores consideran un antecedente “peligroso”, al entender que el retiro del pliego estaría motivado por razones políticas y no por cuestionamientos técnicos o judiciales sobre la candidata.
La situación además complica la estrategia parlamentaria del oficialismo, ya que para avanzar con el retiro formal del pliego necesita votos de bloques dialoguistas como la UCR, el PRO y espacios provinciales, sectores donde comenzaron a aparecer resistencias.
En paralelo, el episodio volvió a exponer tensiones internas dentro del propio universo libertario y dejó al descubierto diferencias sobre la relación con el Poder Judicial y el manejo político de las designaciones.
Desde distintos sectores parlamentarios también cuestionaron que el Gobierno impulse simultáneamente otros pliegos judiciales mientras busca frenar el de Michelli, lo que alimentó aún más las críticas sobre la falta de criterios uniformes en las decisiones oficiales.
El Colegio Público de la Abogacía también expresó preocupación por la situación y advirtió que el retiro de pliegos judiciales ya enviados al Senado debe aplicarse de manera “restrictiva”, especialmente cuando el expediente ya cuenta con dictamen favorable de comisión.
