La abogada Yanina Nicoletti, defensora de Lázaro Báez, se presentó en la Unidad Penitenciaria Federal Nº 15 de Santa Cruz con el propósito de entrevistarse con su cliente y el director del establecimiento le informó que el detenido había sido trasladado.
De inmediato se solicitó una intervención inmediata y la habilitación de días y horas inhábiles para exigir información sobre el destino del interno. Oficialmente, se informó que el traslado se produjo sin aviso ni autorización judicial.
“Esto no solo vulnera garantías procesales básicas, sino que remite a prácticas de épocas que creíamos superadas”, señaló la abogada. El doctor Claudio Vázquez, juez de Río Gallegos, había ordenado el traslado de Báez al penal de Ezeiza luego de haber rechazado el hábeas corpus, pero el juez de ejecución en Buenos Aires, Néstor Costabal, detuvo el traslado por no encontrarse firma la medida.
La defensa de Báez sostuvo que «tiene 69 años, padece EPOC, hipertensión arterial, arritmia, diabetes y problemas gastrointestinales. Tuvo presión alta y sufrió un derrame en un ojo que lo obligó a asistir al oftalmólogo». Fue condenado a 15 años de prisión por las causas de la “ruta del dinero K” y “Vialidad”. Mientras que en septiembre la Cámara Federal rechazó un pedido de prisión domiciliaria.
