La decisión del Gobierno de intervenir medios públicos a través del Decreto 117/2024 ha encendido alarmas sobre posibles futuras privatizaciones y temores de un vaciamiento de estas instituciones. El decreto, que abarca a la agencia Télam, Radio y Televisión Argentina (que incluye la TV Pública y Radio Nacional), el portal Educ.Ar y la empresa de Contenidos Públicos, designa a Diego Martín Chaher como interventor y a Diego Sebastián Marías como interventor adjunto.
La intervención, con una duración inicial de un año, se presenta como una medida para lograr una «mayor eficiencia» y «reorganización» de las empresas públicas. Sin embargo, hay especulaciones sobre la posibilidad de futuras privatizaciones, lo que ha generado inquietud en sectores que defienden la importancia de medios públicos en la diversidad informativa y el acceso democrático a la comunicación.
El decreto otorga amplios poderes a los interventores, permitiéndoles elaborar un plan de reformulación y tomar decisiones sustanciales en la estructura y funcionamiento de estos medios. Los críticos expresan preocupación de que esto pueda conducir a una pérdida de la identidad y la misión pública de estas instituciones.
En medio de esta situación, se plantea la incertidumbre sobre el futuro de los medios públicos y su papel en la sociedad, especialmente en un contexto de cambios significativos en la política de comunicación del país liderada por el presidente Javier Milei. La intervención se produce en un marco de transformaciones en el sector mediático argentino que está siendo seguido de cerca por la opinión pública y expertos en medios.
