El juez federal Sebastián Casanello ha ordenado al Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Petovello, que elabore un plan en un plazo de 72 horas para la distribución inmediata de cinco toneladas de alimentos destinados a ayuda social. Esta decisión surge tras una causa penal iniciada en febrero por el dirigente social Juan Grabois, quien denunció la suspensión en la entrega de alimentos en comedores comunitarios en el marco del “Plan Nacional Argentina contra el Hambre”.
La resolución judicial, a la que accedió Infobae, exige al Ministerio de Capital Humano que detalle la distribución de los alimentos considerando su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino. Además, el juez dispuso un operativo inmediato en los depósitos para tener un inventario preciso de lo almacenado.
La denuncia de Grabois señaló la existencia de casi cinco mil toneladas de alimentos sin distribuir en centros de Villa Martelli y Tafí Viejo, Tucumán. El Ministerio de Capital Humano reconoció estas irregularidades, explicando que trabajaban en mejorar los mecanismos de distribución.
El juez Casanello subrayó la importancia del derecho a la alimentación, vinculado estrechamente con el derecho a la vida, la dignidad y la salud, reconocidos en tratados internacionales y la Constitución Nacional. Destacó también los alarmantes datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, que indican que el 57,4% de la población argentina vive en situación de pobreza, con más del 60% de niños y adolescentes afectados.
Rechazando la solicitud de la fiscal Paloma Ochoa de distribuir los alimentos a todos los comedores inscriptos en el Registro Nacional, Casanello afirmó que corresponde a la Administración elegir los medios más adecuados para asegurar una alimentación adecuada. Ordenó también la presentación de detalles del stock actual de alimentos en los depósitos, incluyendo fechas de adquisición y expiración, registros de ingreso y egreso desde diciembre de 2023, y los expedientes administrativos relacionados.
Finalmente, el juez Casanello mandató la elaboración de un plan en 72 horas para la distribución inmediata de todos los alimentos almacenados, buscando garantizar el derecho fundamental a la alimentación y la efectividad de su cumplimiento por parte del Estado.
