Los gobernadores de las provincias de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, Santiago del Estero, La Rioja y La Pampa manifestaron este jueves su “pleno rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno” que se tratará este jueves en el recinto de la Cámara de Diputados y llamaron “a las distintas fuerzas políticas a votar en contra de esta iniciativa”.
“Estamos convencidos de la necesidad de encarar reformas y transformaciones en los marcos normativos que regulan el mundo del trabajo. La legislación laboral debe actualizarse frente a los cambios tecnológicos, productivos y sociales que atraviesan nuestras sociedades. Sin embargo, ninguna reforma puede orientarse al desmantelamiento de derechos conquistados ni a la reducción de protecciones, sino, por el contrario, a reconocer nuevas garantías en un mercado laboral crecientemente inestable”, plantearon en un comunicado.
Para los mandatarios opositores, “la propuesta oficial -presentada como ‘modernización’- debilita derechos individuales y colectivos en un contexto nacional y mundial de creciente incertidumbre laboral”.
“Se impulsa, además, en el marco de una política económica que ha provocado caída de la actividad, retracción del consumo, cierre de empresas y aumento del desempleo y la precarización. En este escenario, lejos de resolver los problemas estructurales del empleo, el proyecto los agrava», advirtieron.
El documento, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, fue firmado por los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Gildo Insfrán (Formosa), Elías Suárez (Santiago del Estero), Ricardo Quintela (La Rioja) y Sergio Ziliotto (La Pampa).
“No nos oponemos, como sostienen los supuestos ‘modernizadores’, a todo cambio. Nos oponemos a este paquete de cambios, que nada tiene de moderno sino que simplemente consolida la desprotección”, ampliaron.
En este sentido, recordaron que la Organización Internacional del Trabajo “ha establecido lineamientos claros sobre lo que implica una modernización laboral auténtica, basada en más derechos, mayor formalización y diálogo social”.
“La iniciativa en debate avanza en sentido contrario: no moderniza, precariza. Sostienen que el proyecto ayudará a crear empleo. Los argumentos que invoca no se condicen con la evidencia. Tal como sucedió con anteriores experimentos de flexibilización laboral, esta reforma no generará más empleo ni promoverá la formalización; por el contrario, facilitará despidos, reducirá estándares de protección y trasladará riesgos e incertidumbre hacia los trabajadores.
A su vez, los gobernadores consideraron «especialmente preocupante que se legalicen mecanismos que habilitan reducciones salariales o limitaciones de derechos en situaciones de enfermedad, entre otros retrocesos”.
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