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La crisis en el INDEC dejó al descubierto la impronta directa del Gobierno

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El INDEC quedó en el centro de una tormenta política tras la decisión del Gobierno de intervenir en el organismo y frenar la actualización del índice de inflación. En apenas 24 horas, el ente estadístico pasó de anunciar cambios técnicos a convertirse en un foco de internas, acusaciones cruzadas y pérdida de credibilidad.

El punto de quiebre fue la declaración del ministro de Economía, Luis Caputo, quien reconoció haber conocido con anticipación el dato de inflación. Al hacerlo, no solo expuso una grave irregularidad institucional, sino que también señaló al entonces titular del INDEC, Marco Lavagna, como el responsable de haberle adelantado la cifra, algo que desde su entorno niegan de manera tajante.

Detrás del conflicto aparece una fuerte desconfianza política. En el círculo más cercano al Presidente Javier Milei tomó fuerza la idea de que Lavagna operaba contra el Gobierno desde adentro del organismo, una sospecha que terminó detonando su salida y empujó al ministro a dar explicaciones públicas antes de tiempo.

La revelación anticipada del IPC, además de violar el secreto estadístico, abrió un escenario inédito: la difusión de información económica sensible antes de su publicación oficial, con potencial impacto en decisiones financieras y movimientos especulativos.

La renuncia del titular del INDEC y la marcha atrás con el nuevo índice sorprendieron incluso al Banco Central, que había respaldado la actualización metodológica. El motivo de fondo fue político: el nuevo esquema iba a reflejar con mayor fuerza el impacto del aumento de tarifas durante el primer trimestre del año, un dato que el Gobierno buscó evitar.

Mientras tanto, puertas adentro del organismo reina la confusión. Los equipos técnicos trabajan sin directivas claras y denuncian falta de comunicación, en un contexto donde la credibilidad institucional quedó seriamente dañada.

A esto se suma un problema estructural: la continuidad de una canasta de consumo basada en hábitos de hace más de dos décadas. El índice actual sigue midiendo precios de bienes y servicios prácticamente obsoletos, lo que alimenta las críticas sobre la falta de representatividad del IPC y vuelve a poner en discusión la transparencia de las estadísticas oficiales.

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