La postergación del nuevo índice de inflación no es un detalle técnico: es una decisión con efectos concretos sobre los bolsillos y sobre la lectura real de la economía. Al seguir utilizando una canasta de consumo basada en hábitos de hace más de 20 años, el IPC actual subestima el aumento del costo de vida y distorsiona múltiples indicadores clave.
El impacto es directo. Jubilaciones, pensiones, asignaciones sociales y salarios se ajustan en función de una inflación menor a la real, lo que erosiona el poder adquisitivo de millones de personas. Al mismo tiempo, variables centrales como el PBI y la pobreza quedan alteradas: el crecimiento económico aparece inflado y la pobreza, artificialmente contenida.
Especialistas del sistema estadístico advierten que el problema no es la falta de información, sino la decisión de no usarla. La Encuesta de Gastos de Hogares más reciente está disponible desde hace años y ya se aplica en algunas jurisdicciones. Su implementación a nivel nacional fue frenada porque el nuevo índice otorgaría mayor peso a los servicios, justamente en un contexto de fuertes aumentos tarifarios.
El resultado es un índice que “dibuja” una inflación más baja y posterga un ajuste que, inevitablemente, llegará más adelante. Cuando eso ocurra, los números deberán ser revisados: el PBI será menor, la pobreza mayor y las series históricas quedarán reescritas.
La manipulación indirecta de las estadísticas no solo afecta la credibilidad del INDEC, sino que abre conflictos potenciales con inversores, jubilados, trabajadores y beneficiarios de políticas sociales. Lejos de ser una discusión técnica, se trata de una decisión política con consecuencias económicas y sociales profundas.
