La defensa de Juan Ignacio Buzali, el marido de la diputada provincial y funcionaria platense Carolina Píparo, detenido y acusado de intentar matar a dos motociclistas a los que atropelló el 1° de enero último en La Plata al confundirlos con motochorros, apeló este jueves la prisión preventiva que le dictó la justicia penal de La Plata.
El abogado defensor de Buzali, Marcelo Peña, explicó a Télam que esta mañana presentó el recurso ante la Cámara de Apelaciones de La Plata y agregó que además solicitó el cambio de carátula de la causa en la que está detenido por «tentativa de homicidio».
«Consideramos que se trata de lesiones leves culposas», dijo el letrado, al fundamentar el motivo por el cual solicitó recaratular el expediente.
Los argumentos de la defensa
En el recurso, al que tuvo acceso Télam, se planteó que Buzali «siempre estuvo a derecho»; que no posee antecedentes penales, que «tiene arraigo, ya que cuenta con domicilio constatado y que trabaja en el mismo lugar desde hace más de 15 años» y que «tiene un grupo familiar sólido».
Luego, se señaló que como su esposa, Piparo, «es una conocida diputada provincial, antes conocida por una dolorosa e irreparable tragedia en su vida, lo cual aleja aún más la posibilidad de que Buzali pueda fugarse».
La prisión preventiva
El viernes último, la jueza de Garantías Marcela Garmendia hizo lugar al pedido de la fiscal del caso, María Eugenia Di Lorenzo, por lo que le dictó la prisión preventiva a Buzali (47) por el delito de «homicidio en grado de tentativa».
En la resolución, a la que tuvo acceso Télam, la magistrada consideró que «sin importar las consecuencias de su accionar y con claro desprecio por la vida ajena y debiendo representarse el resultado muerte, embistió con el frente de su vehículo el sector trasero del motovehículo que transitaba delante suyo y en la misma dirección».
(S)»Escasez de elementos probatorios»
En ese sentido, Peña manifestó que «el principal lineamiento del recurso de apelación contra el auto que decretó la prisión preventiva es la escasez de elementos desde el punto de vista probatorio para poder determinar que existió tentativa de homicidio».
El defensor analizó que «los testimonios de los testigos no pueden configurar esa supuesta intención de matar que requiere la figura del dolo».
Luego destacó que en el escrito se requirió al ministerio público fiscal «que haga una pericia accidentológica oficial» y agregó que «existe la necesidad para invocar un estudio forense».
En ese sentido, pidió que no se tome en cuenta «las declaraciones de 10 testigos, que son amigos y familiares de las dos víctimas de las lesiones leves dado que muchas son inverosímiles».
Además, Peña consideró que «la medida de detención no puede prolongarse después de que las pericias psicológicas y psiquiátricas dieran resultados excelentes, de las que surge que no hay patologías ni intento de daño a terceros».
Finalmente, analizó que la detención de Buzali «tiene un tinte político: en otro accidente esto hubiera terminado en lesiones culposas y no en tentativa de homicidio».
El hecho por el que está detenido Buzali ocurrió la madrugada del 1 de enero cuando su esposa denunció que fue asaltada por tres parejas de «motochorros» en la calle 47, entre 15 y 16, en momentos en que su marido estacionó para dejar a su padre en su casa.
Según la legisladora, cuando se dirigía con su esposo a realizar la denuncia a bordo de su Fiat 500L negro con techo blanco, volvieron a ser interceptados por los que creyeron que eran los mismos delincuentes que los habían asaltado.
En la calle 21 y 40, Buzali chocó por detrás a una de las motos en la que viajaban dos jóvenes a los que dejó tirados en el piso pese a las lesiones que habían sufrido.
La jueza tuvo en cuenta también que, luego de embestir la moto, fugó del lugar «arrastrando el rodado menor mientras éste desprendía chispas por el roce con el asfalto, particularidad que no podía pasar inadvertida por los ocupantes del automóvil».
La magistrada rechazó el pedido de detención domiciliaria que había la defesa de Buzali, aunque ordenó abrir un incidente por separado para evaluar «una posible morigeración de las condiciones de detención», al considerar en su favor la ausencia de antecedentes penales, su situación personal y que, según la fiscalía, ya está producida la mayor parte de la prueba en la causa.
