La iniciativa busca regular las apuestas online, prohibir su publicidad y reforzar los controles para impedir el acceso de menores de edad. El proyecto tiene media sanción de Diputados desde noviembre de 2024, pero permanece frenado en la Cámara alta y corre riesgo de perder estado parlamentario.
La llegada del papa León XIV a la Argentina volvió a poner en primer plano la discusión por la regulación de las apuestas online. La Iglesia Católica y distintos sectores de la oposición intensificaron sus reclamos al Senado para que avance con la ley de prevención de la ludopatía, una iniciativa que lleva casi dos años paralizada y que podría quedar archivada si no consigue tratamiento legislativo.
El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados en noviembre de 2024, pero nunca logró avanzar en el Senado. Frente a la posibilidad de que pierda estado parlamentario, la Comisión Episcopal de Pastoral Social lanzó una campaña pública para reclamar su aprobación, mientras un grupo de legisladores pidió reactivar el debate en las comisiones correspondientes.
La presión se produce a pocos días de la visita del Papa, en un contexto en el que la Iglesia viene cuestionando distintas políticas del gobierno de Javier Milei y reclamando respuestas frente a la situación social, económica y educativa.
La Iglesia lanzó una campaña para evitar que se archive el proyecto
La Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) puso en marcha una petición pública para reunir adhesiones y exigir que el Senado trate la iniciativa antes de que pierda vigencia parlamentaria.
El planteo advierte sobre el crecimiento de las apuestas digitales, especialmente entre niños y adolescentes, y sostiene que el Estado debe establecer mecanismos de prevención y protección frente a una problemática que afecta tanto a quienes juegan como a sus familias y comunidades.
La Iglesia viene reclamando una regulación más estricta desde 2024, cuando lanzó la campaña “Apostar no es un juego”. En distintas oportunidades, la Conferencia Episcopal Argentina advirtió sobre el impacto de las plataformas de apuestas y pidió que el Congreso establezca límites a un negocio que se expandió rápidamente a través de los teléfonos celulares y las redes sociales.
El presidente de la Conferencia Episcopal, Marcelo Colombo, también cuestionó la demora legislativa y advirtió sobre los intereses económicos que intervienen en el sector.
En octubre, la Comisión Episcopal de Pastoral Social había enviado una carta a la vicepresidenta Victoria Villarruel y a los senadores para reclamar que se retomara el tratamiento. En el documento sostuvo que la falta de respuestas institucionales agrava el problema y que las consecuencias del juego compulsivo no pueden quedar exclusivamente a cargo de las familias.
Diputados reclamaron una reunión urgente en el Senado
La presión también llegó desde el Congreso. Un grupo de diputados encabezado por Victoria Tolosa Paz, presidenta de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, solicitó una reunión con las autoridades de las tres comisiones del Senado que tienen el expediente bajo su responsabilidad.
La nota fue dirigida a Ivanna Arrascaeta, titular de Salud; Nadia Márquez, de Legislación General; y Gonzalo Guzmán Coraita, de Justicia y Asuntos Penales.
Entre los firmantes se encuentra Mónica Frade, de la Coalición Cívica, una de las principales impulsoras de la iniciativa, junto con otros legisladores de distintos espacios políticos, en su mayoría de Unión por la Patria.
Los diputados advirtieron que dejar caer el proyecto significaría perder el trabajo parlamentario realizado durante años. La propuesta reunió 28 iniciativas, atravesó cinco comisiones y recibió aportes de 48 especialistas durante su discusión en la Cámara baja.
La iniciativa obtuvo media sanción el 27 de noviembre de 2024, con 139 votos afirmativos, 36 negativos y 59 abstenciones. Desde entonces, quedó pendiente de tratamiento en la Cámara alta.
En la última sesión del Senado, la senadora catamarqueña Lucía Corpacci impulsó una moción de preferencia para que el proyecto sea tratado antes de que pierda estado parlamentario. La propuesta recibió el respaldo unánime del recinto, aunque todavía resta que las comisiones avancen con el dictamen correspondiente.
Qué propone la ley contra las apuestas online
El proyecto aprobado por Diputados establece una regulación amplia de las plataformas de apuestas y busca limitar la exposición al juego, especialmente entre los menores de edad.
Entre sus principales puntos contempla:
- Prohibición de publicidad: impide la publicidad, promoción y patrocinio de las apuestas online en televisión, radio, redes sociales, medios digitales, camisetas deportivas, estadios y eventos.
- Control de edad e identidad: establece mecanismos de verificación de identidad mediante sistemas biométricos vinculados con el Registro Nacional de las Personas (Renaper), para impedir que menores de 18 años accedan a las plataformas.
- Restricciones a los medios de pago: prohíbe utilizar tarjetas de crédito para apostar y establece límites para las operaciones mediante tarjetas de débito y billeteras virtuales.
- Registro de autoexclusión: crea un sistema nacional para que las personas puedan bloquear voluntariamente su acceso a las plataformas de juego.
- Herramientas de prevención: obliga a los operadores a ofrecer mecanismos de autoevaluación, alertas sobre el tiempo de juego e información sobre el historial de apuestas.
- Sanciones: establece multas por incumplimientos y penas de prisión para quienes exploten apuestas sin autorización, con agravantes cuando estén involucrados menores.
La propuesta también contempla restricciones para que las empresas de apuestas no puedan patrocinar equipos, deportistas, estadios o competencias, una medida que impactaría directamente en los acuerdos comerciales que actualmente existen en el fútbol argentino.
La propuesta de Milei es menos restrictiva
La discusión legislativa también está atravesada por las diferencias entre el proyecto que consiguió media sanción en Diputados y la iniciativa que presentó el Gobierno nacional en mayo de 2026.
La propuesta de La Libertad Avanza plantea una regulación más limitada. En lugar de establecer una prohibición general de la publicidad y los patrocinios, busca impedir la promoción de plataformas ilegales y establecer condiciones para las empresas autorizadas.
Entre las restricciones propuestas figuran la prohibición de dirigir publicidad a menores, asociar las apuestas con el éxito personal o financiero y vincular el juego con el consumo de alcohol o tabaco.
El oficialismo cuestionó el alcance del proyecto opositor por considerar que sus restricciones podrían afectar las libertades comerciales y las competencias provinciales sobre la regulación del juego.
Sin embargo, la presentación de una iniciativa propia no destrabó el tratamiento parlamentario ni permitió alcanzar un acuerdo entre los distintos bloques.
La llegada del Papa suma presión política
La visita de León XIV le dio un nuevo impulso al reclamo de la Iglesia. La diputada Mónica Frade incluso envió una carta al Vaticano, a través de la Nunciatura Apostólica, para poner en conocimiento del Pontífice la situación de las apuestas online en la Argentina y solicitar su acompañamiento para visibilizar el problema.
La Iglesia considera que la expansión del juego digital representa una amenaza para los sectores más vulnerables y reclama una intervención estatal que no se limite a controles formales.
El debate también tiene una dimensión económica y deportiva. Las plataformas de apuestas se convirtieron en anunciantes y patrocinadores de clubes, competencias y entidades deportivas, mientras que su presencia en redes sociales y transmisiones amplió el alcance de sus campañas.
La preocupación se concentra especialmente en los adolescentes. Distintos informes citados por las organizaciones que impulsan la regulación advierten sobre la exposición temprana a las apuestas y la facilidad para acceder a ellas desde dispositivos móviles.
El Senado tiene poco margen para evitar que pierda estado parlamentario
Aunque el proyecto conservará formalmente su estado parlamentario hasta el 1 de marzo de 2027, noviembre aparece como la última oportunidad para avanzar durante el período ordinario de sesiones. Para que pueda tratarse durante las extraordinarias de diciembre, enero o febrero, el Poder Ejecutivo debería incluirlo expresamente en el temario.
En el Congreso consideran poco probable que el Gobierno impulse esa alternativa, debido a las diferencias que mantiene con el texto aprobado por Diputados.
La presión de la Iglesia, los reclamos opositores y la moción de preferencia aprobada en el Senado reabrieron una discusión que parecía definitivamente congelada. Sin embargo, todavía no existe una fecha confirmada para el tratamiento en comisión ni garantías de que la iniciativa llegue al recinto.
La llegada de León XIV suma un componente político y social a una disputa que enfrenta al Gobierno con sectores de la oposición y la Iglesia. El desenlace dependerá de que el Senado consiga reunir los acuerdos necesarios para avanzar con una ley que lleva casi dos años esperando una definición.
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