El oficialismo intenta acelerar el tratamiento de la reforma laboral en la última semana de diciembre, mientras el peronismo y los gremios se organizan para bloquear una iniciativa que avanza sobre derechos laborales y el financiamiento sindical.
La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei ingresó en una etapa decisiva en el Senado, donde La Libertad Avanza (LLA) negocia contrarreloj con los bloques dialoguistas para lograr su aprobación antes de que termine diciembre. En paralelo, el peronismo explora distintas estrategias parlamentarias para frenar el proyecto, al tiempo que la CGT y las CTA preparan protestas en la calle.
Los tiempos juegan en contra del Ejecutivo. La vicepresidenta Victoria Villarruel convocó recién para este martes a las 11 a los presidentes de bloque para definir la conformación de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto, por lo que el debate formal recién podría comenzar el miércoles.
El primer desafío del oficialismo será conseguir mayorías propias y aliadas en ambas comisiones para emitir dictamen. Además, deberá convencer a la UCR, el PRO y los bloques provinciales de reducir la nómina de expositores, ya que el peronismo impulsa que participen cerca de un centenar de representantes de distintos sectores sociales, una maniobra que apunta a dilatar el tratamiento.
Según fuentes parlamentarias citadas por la Agencia Noticias Argentinas, el esquema del Gobierno prevé debatir la reforma laboral en un plenario de comisiones entre miércoles y viernes, emitir dictamen y llevar el proyecto al recinto entre el viernes 26 y el martes 30, junto con el Presupuesto 2026.
Para lograr ese objetivo, LLA necesita cerrar acuerdos finos: tres votos del PRO, diez de la UCR y al menos tres senadores de bloques provinciales. Sin ese número, el proyecto queda virtualmente bloqueado.
Gobernadores en la mira y resistencias internas
Uno de los principales obstáculos para el oficialismo es que varios de los senadores clave responden a gobernadores de origen peronista, poco dispuestos a enfrentarse abiertamente con la CGT. En ese grupo aparecen Gustavo Sáenz (Salta), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).
La Casa Rosada deposita expectativas en el acompañamiento de los mandatarios de Chubut, Ignacio Torres, y de Neuquén, Rolando Figueroa, que cuentan con una senadora cada uno. En cambio, ya dan por descartado el respaldo del santiagueño Gerardo Zamora y del catamarqueño Raúl Jalil, alineados con el bloque peronista.
Del otro lado, el peronismo, que reúne 28 senadores, busca sumar al menos siete voluntades para voltear la reforma. La estrategia es disputar los mismos votos provinciales que intenta captar el oficialismo.
Todo este escenario se da en un clima de creciente tensión social. Las comisiones sesionarán en medio de las protestas convocadas por la CGT y las CTA, que anunciaron una marcha para el jueves a las 15 en Plaza de Mayo en rechazo a una reforma que consideran regresiva.
Los puntos más polémicos de la reforma laboral
El proyecto no solo introduce cambios en convenios colectivos, indemnizaciones y vacaciones, sino que avanza de lleno sobre el financiamiento sindical. Uno de los artículos más cuestionados establece que las empresas solo podrán retener cuotas sindicales si existe una conformidad expresa del trabajador y un acuerdo entre las partes, además de una resolución de la Secretaría de Trabajo.
También se habilita a cualquiera de las partes a revocar ese acuerdo con 30 días de anticipación, lo que, según los gremios, busca debilitar estructuralmente a las organizaciones sindicales.
Otro punto conflictivo son las sanciones por bloqueos y tomas de empresas, consideradas “infracciones muy graves”, con posibles consecuencias administrativas, civiles y penales para las entidades sindicales.
En materia de asambleas, el proyecto exige autorización previa del empleador, tanto para el horario como para el lugar, y aclara que el trabajador no cobrará salario durante el tiempo que dure la reunión. Además, se limita a diez horas mensuales el crédito horario para delegados gremiales.
La iniciativa también impacta sobre las cámaras empresarias, al establecer que los aportes patronales previstos en convenios colectivos tendrán carácter estrictamente voluntario y no obligatorio para los empleadores que no estén asociados.
Estos puntos, sumados a la caída de la ultraactividad, los cambios en indemnizaciones y vacaciones, explican el fuerte rechazo sindical y el anuncio de un plan de lucha que excede la movilización del 18 de diciembre.
Mientras el Gobierno acelera negociaciones en el Senado, el conflicto promete escalar tanto dentro como fuera del Congreso, en una nueva pulseada entre el modelo laboral que impulsa Javier Milei y los sectores que advierten sobre un retroceso histórico en derechos de los trabajadores.