A través de un decreto, el presidente Javier Milei eliminó la comisión que él mismo había creado para investigarse por su rol en la millonaria estafa internacional de la criptomoneda $Libra. Lo hizo alegando que ya “cumplió” con su función, aunque jamás se conocieron públicamente los resultados de esa supuesta investigación interna.
La decisión se formalizó mediante el Decreto 332/2025, firmado por Milei y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, donde se dispone la disolución de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), creada en febrero por el propio gobierno en medio del escándalo global conocido como «criptogate».
“Disuélvese la UTI… por haber dado cumplimiento a la tarea que le fuera encomendada”, reza el texto oficial, que afirma que los organismos estatales ya respondieron a los requerimientos dentro de los plazos fijados. Sin embargo, ni el contenido ni las conclusiones de esas respuestas fueron publicadas.
La comisión disuelta, lejos de ser independiente, estaba integrada por funcionarios bajo el ala del Ministerio de Justicia y liderada por María Florencia Zicavo, mano derecha de Cúneo Libarona. Tenía la misión de reunir información sobre el criptoactivo $Libra, promocionado directamente por el presidente Milei en su cuenta de X.
El gobierno aseguró que organismos como la Oficina Anticorrupción, el Banco Central, la UIF, la CNV, ARCA (exAFIP), la IGJ, Migraciones, Cancillería, entre otros, ya cumplieron con sus entregas de documentación a la comisión. Con eso, dicen, ya está todo dicho. Aunque la ciudadanía sigue sin conocer ningún informe oficial ni resultados de esa «autoinvestigación».
Mientras tanto, la causa judicial continúa en manos de la jueza María Romilda Servini, aunque sin mayores novedades públicas. Así, el gobierno de Milei suma un nuevo capítulo de opacidad institucional en uno de los casos de corrupción más graves y mediáticos de su corta gestión.
