Mercedes Cabezas, secretaria adjunta de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), se pronunció en contra de la reforma laboral impulsada por el Gobierno y la calificó de una “reforma patronal» que busca «cristalizar una situación de precariedad laboral» en el país.
En declaraciones a Radio Rivadavia, la dirigente sindical expresó su profunda preocupación y firme rechazo a las implicancias de la iniciativa y sostuvo que la solución a la precariedad no reside en «cristalizarla ni blanquearla«, sino en “garantizar que todos los trabajadores y trabajadoras accedan a un empleo con derechos”.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Cabezas señaló que la propuesta del Gobierno pretende introducir la figura de «colaborador» en la Ley Bases, lo que se equipara con «no trabajar«, diluyendo el concepto de relación laboral.
Ante el argumento del oficialismo sobre la necesidad de formalizar el empleo negro y la informalidad en Argentina, la representante de ATE afirmó que el tema se está debatiendo «internacionalmente» y que la solución no pasa por «modificar las leyes a la baja» y citó el ejemplo de México, donde “se redujo la jornada laboral para crear más puestos de empleo en blanco«, y mencionó que organismos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) trabajan en la transición de la informalidad a la formalidad sin recomendar «crear un registro de precariedad para avanzar en que tengan menos derechos«.
Asimismo, detalló algunos de los aspectos más preocupantes de la reforma: en primer lugar, señaló el «banco de horas«, que permitiría al empleador decidir «qué días trabajás ni cuántas horas» con la imposibilidad de definir por uno mismo cuándo y dónde será el tiempo de descanso y lo que consideró «una barbaridad«.
Por otra parte, la dirigente sindical hizo hincapié en la terminación de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo y explicó que, actualmente, si un convenio vence y no se renueva, sigue vigente hasta una nueva negociación. La reforma, en cambio, exigiría renegociar todos los convenios vencidos en el plazo de un año y permitiría que la Secretaría de Empleo «dé de baja» cláusulas con las que no esté de acuerdo.
Respecto a la necesidad de mejorar la creación de puestos de trabajo y la preocupación de las pymes por los juicios laborales, Cabezas reconoció la existencia de estas preocupaciones, pero ofreció una perspectiva sindical.
«Si vos tenés una pyme, pagás las cargas patronales y 30 días antes le avisás al trabajador que no va a trabajar más, entonces no hay juicio que valga. Así terminás con la industria del juicio haciendo las cosas bien», explicó.
Paralelamente, le atribuyó parte del problema a una cuestión «cultural» en la Argentina, donde se asume erróneamente que pagar «unos manguitos» sin formalizar no es tener a alguien en negro.
Sobre la propuesta de crear un fondo común de inversiones para reemplazar las indemnizaciones, la secretaria de ATE alertó sobre la administración de dicho fondo y destacó que la iniciativa «no resuelve uno de los problemas más grandes que tiene la Argentina”, que es la falta de indemnización cuando una empresa quiebra y deja a los trabajadores desprotegidos.