En medio de la incertidumbre sobre el descongelamiento del impuesto a los combustibles por parte del Gobierno Nacional, surge una polémica en torno a lo que algunos sectores denominan el «Naftazo»: una suba encubierta de los precios de los combustibles, disfrazada bajo el pretexto de ajustes tributarios.
Se estima que el tributo a los combustibles, en caso de ser liberado por el gobierno, podría traducirse en un incremento de entre 70 y 90 pesos por litro, generando preocupación entre los consumidores y sectores afectados por los costos de movilidad. Sin embargo, lo que ha llamado la atención es la acusación de que gran parte de esta suba no estaría relacionada directamente con impuestos, sino con estrategias de las petroleras en busca de la llamada «paridad exportadora».
Según analistas del sector, las petroleras habrían encontrado una oportunidad para colar una suba adicional, oculta detrás de los ajustes tributarios que podrían implementarse. La preocupación radica en la posibilidad de que este aumento extra no esté vinculado a razones fiscales, sino a la búsqueda de las petroleras de equilibrar los precios internos con los valores que obtienen en el mercado internacional.
Mientras el Gobierno Nacional debate la posibilidad de descongelar el impuesto a los combustibles, los consumidores temen que, en lugar de enfrentar únicamente un ajuste tributario necesario, se vean afectados por un aumento significativo y adicional que repercuta en su economía cotidiana.
La polémica ha llevado a sectores opositores a exigir mayor transparencia en la comunicación de las razones detrás de los posibles incrementos, solicitando que se investigue la verdadera proporción entre la suba de impuestos y las estrategias comerciales de las empresas del sector.
En este escenario de incertidumbre, se espera que el Gobierno Nacional brinde claridad sobre las medidas que tomará en relación con los precios de los combustibles, buscando equilibrar la necesidad de ajustes fiscales con la protección del bolsillo de los ciudadanos.
