La Subsecretaría de Energía del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos realizó el análisis de la última Revisión Tarifaria Integral (RTI) y del cumplimiento de las inversiones comprometidas por parte de las empresas distribuidoras de energía eléctrica de la Provincia de Buenos Aires. El resultado de este informe demuestra que en los últimos años se autorizaron aumentos injustificados de las tarifas de energía eléctrica que no fueron acompañados de responsabilidades de inversión por parte de las empresas.
El informe evidencia que durante el período 2016-2019, las empresas distribuidoras aplicaron ajustes tarifarios que, sumados a la fuerte quita de subsidios a nivel nacional, representaron aumentos en las facturas finales de los usuarios que oscilaron en promedio entre 2.000% y 3.500% en apenas tres años. Sin embargo, este fuerte incremento no significó mayores inversiones en la red de distribución ni ejecución de obras en las instalaciones.
De hecho, en los informes aprobados en ese período sobre el nivel de inversiones, se identificaron errores metodológicos que modificaron los resultados. Esa falta de inversión quedó reflejada en la mala calidad y confiabilidad del servicio que presentó durante los últimos cuatro años numerosos eventos de interrupción del servicio eléctrico.
El fuerte aumento de las tarifas y el bajo nivel de inversión y mantenimiento de la red, tuvo como resultado un crecimiento sostenido de las ganancias de las distribuidoras eléctricas. El extraordinario crecimiento patrimonial, producto de la RTI, tuvo su correlato en el crecimiento de los resultados: las cuatro empresas distribuidoras aumentaron sus ganancias entre 2015 y 2018, entre 498% y 644%.
Los mayores resultados, lejos de destinarse a mejoras en la red se vieron reflejados en el crecimiento sustancial de los dividendos distribuidos, los cuales entre 2016 y 2019 acumularon un monto de 309 millones de dólares.
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