La Cámara de Casación Federal ratificó la resolución del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata que extendió la prisión preventiva de nueve represores enjuiciados por su participación en las brigadas de Lanús, Quilmes y Banfield durante la última dictadura militar en Argentina. Aunque confirmó la prórroga, la redujo de un año a cuatro meses o hasta la conclusión del proceso judicial.
Los represores involucrados son Enrique Barre (segundo jefe del Pozo de Banfield), Guillermo Domínguez Matheu (jefe de Actividades Psicológicas del Destacamento 101 de La Plata), Federico Minicucci (jefe del Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de La Tablada), Jaime Lamont Smart (ministro de gobierno bonaerense), Roberto Balmaceda (jefe de la Central de Reunión del Destacamento 101), Carlos María Romero Pavón (jefe de la sección Reunión Interior del Destacamento 101), Juan Miguel Wolk (dirección de Investigaciones Zona Metropolitana de la policía bonaerense), Carlos Gustavo Fontana (Destacamento 101) y el médico policial Jorge Bergés.
La Sala de Feria de Casación instó al Tribunal Oral a agilizar el proceso judicial, que se centra en más de 600 víctimas que pasaron por los pozos de Banfield, Quilmes y el conocido como «Infierno» de Avellaneda. La fiscalía ha solicitado incluir en los casos el del nieto 133, Daniel Santucho Navajas, quien recuperó su identidad en julio.
El proceso judicial, que inició a finales de 2020, inicialmente contaba con 39 acusados, pero la mayoría falleció en el transcurso del juicio, incluido el excomisario Miguel Osvaldo Etchecolatz, quien murió mientras estaba siendo juzgado. Se espera que el juicio concluya para abril, según fuentes judiciales.
