Un recluso de 63 años, que cumple condena por robo en un penal de Florencio Varela, enfrenta una nueva acusación por «explotación sexual agravada» tras la denuncia de su ex pareja, una mujer de 29 años. La denuncia fue radicada en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Quilmes el mes pasado, revelando una serie de delitos cometidos mientras el hombre ya estaba encarcelado.
La víctima denunció que durante los cinco años que mantuvo una relación con el detenido, la cual finalizó a principios de 2024, el hombre publicaba fotos de ella en ropa interior en páginas de internet, donde además concertaba citas con hombres a quienes les cobraba para que mantuvieran relaciones sexuales con ella. Estos encuentros habrían tenido lugar en diversos hoteles alojamiento de zonas como Longchamps, Monte Chingolo, Rafael Calzada, Monte Grande, e incluso en Quilmes. Además, la mujer señaló que el acusado ya contaba con varias imputaciones por robo automotor y venta de autopartes de origen ilícito.
Tras la denuncia, las autoridades realizaron tres allanamientos. El primero de ellos se llevó a cabo en la celda del acusado en la Alcaidía de Florencio Varela, bajo la supervisión del titular de la Fiscalía 8 descentralizada de Berazategui. En este operativo se secuestró el teléfono celular del recluso, el cual será analizado por el equipo de Cibercrimen, ya que se sospecha que contiene evidencia relacionada con la explotación sexual denunciada, incluyendo conversaciones con la mujer en las que le solicitaba fotos íntimas.
El segundo allanamiento se realizó en una vivienda ubicada en la calle Centenario de Mayo, en Rafael Calzada, donde se secuestraron estudios médicos de la mujer, una heladera mostrador de su propiedad, y cuadernos con anotaciones de números telefónicos.
El tercer operativo tuvo lugar en una vivienda de la calle De La Serna, en Monte Chingolo, donde las autoridades confiscaron un freezer y una cocina industrial, ambos de propiedad de la denunciante, así como su DNI original, estudios médicos, un pendrive, y un disco rígido.
Además, el fiscal a cargo del caso ordenó la intervención de la Auditoría General de Asuntos Internos, para investigar la posible connivencia de personal policial o del Servicio Penitenciario en los delitos denunciados.
