El presidente Alberto Fernández negó este martes la existencia de «arbitrariedades» en la distribución de obra pública nacional y sostuvo que le llama «mucho la atención» lo que se debate en el juicio oral por presuntas irregularidades en la provincia de Santa Cruz, al declarar como testigo y responder preguntas de la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Dijo que se está juzgando a la actual vicepresidenta por «decisiones políticas no judiciables» y durante casi tres horas explicó de diferentes modos que el criterio de un gobierno para distribuir la obra pública es político y por ende dinámico, en función de las necesidades que se presenten.
Fernández declaró ante el Tribunal Oral Federal 2, en los Tribunales Federales de Comodoro Py. Destacó que el expresidente Néstor Kirchner «siempre fue muy cuidadoso con las cuentas públicas» y remarcó que «tenía casi una obsesión con eso, que tuvo primero como Gobernador y luego como Presidente».
También dijo que vio a Lázaro Báez una sola vez en su vida.
Cuando le preguntaron por primera vez cuál era el criterio para distribuir obra pública, el Presidente dijo que «son criterios discrecionales que tienen que ver con las necesidades que en cada jurisdicción se enfrentan. Eso no tiene una regla. Los criterios son criterios de lo que uno entiende que lo que en ese momento está necesitando el país».
Agregó: «no hay un criterio único para distribuir la obra pública. Es política y la política es el arte de manejar la realidad y la realidad es cambiante».
Fernández respondió en cada ocasión a pesar de la queja de Maximiliano Rusconi, abogado del exministro de Planificación -Julio De Vido- sobre la iteración de la consulta.
En cada ocasión, Fernández agregaba algo, pero siempre sobre la misma base, que fue subrayar el criterio político y dinámico para decidir cómo se distribuye el dinero para la obra pública. «Todos nosotros creemos que la inversión pública es un gran motor para la economía y hay un principio rector que son cuestiones de naturaleza política. Algunos creemos esto, que el Estado tiene que estar presente y motorizar la obra pública y otros creen que deben hacerlo los privados. Hace un año hubo un terremoto en San Juan y decidimos que se construyen 1000 viviendas en San Juan. El criterio fue la necesidad. En el año 2003, la Patagonia tenía un infradesarrollo y hubo que hacer mucha obra», explicó el Jefe de Estado durante su declaración.
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