La abogada de la familia del subcomisario Jorge Gutiérrez, asesinado de un balazo en la nuca en 1994 cuando iba en un tren que se dirigía a la ciudad de La Plata, aseguró que en el juicio que comenzó este lunes por ese crimen, en el que están imputados dos expolicías, buscará probar que estuvo vinculado «a la ‘Aduana Paralela’, al narcotráfico y la corrupción de los ’90», y consideró que el debate «es importante para la historia del país».
Si bien el hermano de la víctima, el exintendente de Quilmes y exdirigente de la UOM, Francisco «Barba» Gutiérrez, se mostró escéptico sobre los resultados que podrá tener el juicio tras 28 años del hecho, una de las abogadas querellantes, Carla Ocampo Pilla, explicó que buscará probar que la víctima investigaba «uno de los depósitos vinculados a la Aduana Paralela».
«No sólo genera expectativas, sino que es importante para la historia del país, porque tiene que ver con la investigación que luego se conoció como Aduana Paralela, con aquellas maniobras de narcotráfico y corrupción de los años 90», dijo la letrada a Télam.
«El 95 por ciento de la mercadería que entraba al país en esos años tenía luz verde, nada de controles», afirmó la abogada Ocampo Pilla, quien aseguró que «el depósito que estaba investigando Gutiérrez estaba vinculado a la Aduana Paralela, y no sólo no era un depósito fiscal sino que no estaba habilitado».
Expresó que, junto a las abogadas Lucía Extremera y Carolina Farotto, intentará «demostrar que Gutiérrez había comenzado a investigar ese depósito lindero a la comisaria y que de esa investigación derivó la investigación de la Aduana Paralela».
«El crimen de Gutiérrez fue además silenciante, buscaba que a nadie más se le ocurriera seguir con esa investigación», precisó Ocampo Pilla.
La Sala A de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata comenzó a juzgar este lunes al excabo de la Policía Federal Argentina (PFA) Alejandro Santillán y al exefectivo de la bonaerense Francisco Mostajo por el delito de «homicidio agravado por alevosía».
Por este caso, Santillán ya había sido absuelto en un primer juicio que se desarrolló en 1996 y que luego fue anulado, mientras que Mostajo estuvo prófugo de la Justicia durante la mayor parte del proceso.
Francisco «Barba» Gutiérrez, hermano del exsubcomisario, dijo este lunes que «es difícil tener expectativas por todo el tiempo transcurrido y por el empeño de la política y los poderes institucionales en trabar para que no se avance al nudo del problema».
El asesinato ocurrió sobre un tren
El hecho ocurrió el 29 de agosto de 1994, cuando Jorge Gutiérrez fue encontrado muerto con un disparo en la nuca en el vagón de un tren en la estación La Plata del ferrocarril Roca.
Según un comunicado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que acompaña a la familia de la víctima, el crimen ocurrió cuando Gutiérrez investigaba lo que ocurría en «depósitos de mercaderías vinculados al caso de la ‘Aduana paralela’, un resonante escándalo durante el gobierno de Carlos Menem».
Esa madrugada, el jefe policial se retiró de la seccional y se dirigía en tren a su casa de Quilmes cuando, a la altura de Sarandí, fue abordado por dos hombres, uno de los cuales le efectuó el disparo que lo mató, según la pesquisa.
‘Chiquito’ Santillán, entonces cabo de la PFA, estuvo imputado como autor material del disparo que mató a Gutiérrez, aunque fue absuelto en 1996 por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones de La Plata.
En 1998, en representación de la familia, desde el CELS se presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) , lo que derivó en una causa que tramitó en la Corte IDH, que, en su sentencia, emitida en 2013, declaró al Estado argentino responsable por el derecho a la vida, a la integridad personal y a las garantías judiciales y protección judicial a favor de Gutiérrez y de su familia.
«En el fallo, dictaminó que había suficiente prueba para ‘concluir la participación de agentes estatales en la ejecución del subcomisario, así como en la obstrucción de la investigación'», precisó el comunicado del CELS.
La Corte IDH también ordenó reabrir el proceso para sancionar a los responsables materiales e intelectuales del asesinato.
