La principal productora de yerba mate del país asegura que paga impuestos por adelantado equivalentes a más de 300 años y cuestiona el sistema de recaudación provincial.
La empresa Las Marías inició una disputa judicial contra la provincia de Misiones al denunciar un esquema de retenciones impositivas que considera desproporcionado y fuera de los límites legales.
Según la presentación, el fisco misionero le retiene mensualmente unos 333 millones de pesos en concepto de anticipos de Ingresos Brutos, una cifra que —afirma la firma— supera en más de 17.000% el monto real que debería abonar, estimado en apenas 2 millones.
El reclamo se amplía al considerar otros gravámenes y percepciones: en total, la compañía sostiene que tributa por adelantado alrededor de 7.171 millones de pesos anuales, frente a una carga efectiva cercana a los 23 millones.
Este esquema, cuestionado por distintos sectores productivos, es señalado como una “aduana paralela” que afecta la liquidez de las empresas y distorsiona la actividad económica.
En su demanda, la firma asegura que el Estado provincial le ha cobrado un 30.718% más de lo correspondiente, lo que equivale a unos 307 años de impuestos anticipados, una cifra que incluso supera la duración prevista en su propio estatuto societario.
El conflicto sumó un nuevo capítulo con la intervención del gobierno de Corrientes, que se presentó como “tercero interesado” al considerar que la política tributaria de Misiones afecta inversiones previstas en su territorio y limita la generación de empleo.
Además, la empresa solicitó la intervención del Gobierno nacional al argumentar que el sistema impositivo misionero interfiere en la liquidación de divisas.
En el plano judicial, la causa tuvo inicialmente un fallo favorable en el Juzgado Federal de Paso de los Libres, que suspendió el régimen cuestionado. Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia de Misiones se declaró competente y dejó sin efecto esa cautelar, restituyendo la carga impositiva.
Finalmente, la Procuración General de la Nación dictaminó que el caso debe ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al tratarse de un conflicto entre provincias. Actualmente, el expediente se encuentra en estudio en el máximo tribunal.
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