Fernando Zarabozo, abogado de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, recibió el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR para integrar el organismo encargado de prevenir la tortura y controlar las condiciones de detención. Organizaciones de derechos humanos cuestionaron su idoneidad por sus publicaciones en redes sociales, sus posiciones sobre la represión y sus antecedentes en las fuerzas de seguridad.
El Gobierno de Javier Milei avanza con la designación de Fernando Gabriel Zarabozo para integrar el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), un organismo que tiene entre sus principales funciones controlar las condiciones de detención, supervisar el accionar de las fuerzas de seguridad y prevenir los malos tratos en cárceles y comisarías.
La postulación del abogado, funcionario de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), generó un fuerte rechazo de organizaciones de derechos humanos por sus antecedentes públicos y sus intervenciones en redes sociales. Entre los episodios cuestionados aparecen mensajes en los que celebró las agresiones a rebencazos contra manifestantes que participaron de una marcha hacia Lago Escondido y una burla dirigida a Sergio Maldonado, hermano de Santiago Maldonado.
La candidatura obtuvo dictamen favorable en la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo, con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR. Ahora deberá ser tratada por las dos cámaras del Congreso. El Senado tiene previsto abordar las designaciones el próximo 26 de noviembre.
Los mensajes en los que celebró los ataques en Lago Escondido
Uno de los principales cuestionamientos contra Zarabozo está relacionado con sus publicaciones sobre la Séptima Marcha por la Soberanía hacia Lago Escondido, realizada en febrero de 2023.
Durante aquella movilización, manifestantes que intentaban llegar al lago fueron atacados a rebencazos por peones de la estancia del empresario británico Joe Lewis. Las imágenes de personas heridas y ensangrentadas generaron repercusiones políticas y denuncias por las agresiones.
En ese contexto, Zarabozo publicó en la red social X: «Una medalla para estos gauchos. No sólo por evitar la usurpación, sino también por enseñarles a los cabeza de termo cómo deben comportarse».
Días después volvió a referirse al episodio con mensajes en los que justificó la violencia contra los manifestantes. «No se metan más en propiedad privada porque cobran y después lloran. Fin», escribió el 4 de febrero de 2023.
El 8 de febrero insistió con el mismo tono: «La próxima vez que quieran usurpar un terreno se van a acordar los rebencazos, jajaja».
Las expresiones fueron incorporadas a las impugnaciones presentadas por entidades de derechos humanos, que consideran incompatible ese posicionamiento con las responsabilidades que asumiría en un organismo encargado de prevenir la violencia institucional.
La burla a Sergio Maldonado
Otro de los antecedentes que generó rechazo fue un mensaje dirigido a Sergio Maldonado, hermano de Santiago, el joven que murió en agosto de 2017 durante un operativo de Gendarmería Nacional en Chubut.
El 4 de febrero de 2023, después de que Maldonado convocara a una movilización por la memoria de las víctimas de la última dictadura militar, Zarabozo respondió con una publicación en la que cuestionó su participación en actividades políticas y sociales.
«Sergio, yo tengo una curiosidad. ¿Cómo hacés para estar boludeando todo el día por Twitter? ¿Y encima te hacés tiempo para ir a marchas? ¿Cuándo laburás?», escribió.
Las organizaciones que objetaron su candidatura señalaron que el mensaje representa una estigmatización de los familiares de víctimas de violencia institucional y una descalificación del derecho a reclamar justicia y participar de manifestaciones públicas.
Los cuestionamientos de los organismos de derechos humanos
La candidatura de Zarabozo fue impugnada por distintas organizaciones, entre ellas el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil de Familiares de Detenidos (ACiFaD), la Comisión Provincial por la Memoria y el Consejo Federal de Mecanismos Locales de Prevención de la Tortura.
Las objeciones no se limitaron a sus publicaciones en redes sociales. También cuestionaron sus antecedentes profesionales y sus posiciones académicas sobre el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad.
En ponencias realizadas en 2020 y 2021, Zarabozo calificó como actos de terrorismo distintos episodios de protesta social ocurridos en Chile y Colombia, sin hacer referencia a las violaciones de derechos humanos denunciadas durante esos conflictos.
Además, las organizaciones señalaron que defendió una ampliación del uso de armas de fuego por parte de la Policía, incluso en situaciones que no implicaran un peligro inminente para la vida o la integridad física. También cuestionaron sus referencias a las comunidades mapuches, a las que caracterizó como grupos violentos y cuya pertenencia histórica a la Patagonia puso en duda.
Para los organismos, esas posiciones resultan incompatibles con los estándares de protección de derechos humanos que debe garantizar el Comité.
Su función en la Policía de Seguridad Aeroportuaria
Zarabozo se desempeñó en distintos cargos dentro de la PSA. Entre febrero de 2024 y enero de 2026 fue director de Control de Narcotráfico de esa fuerza. Desde febrero de este año ocupa la responsabilidad de la Oficina de Defensa Letrada del Personal Policial.
Ese último antecedente constituye otro de los ejes de las objeciones: el abogado pasaría de desempeñar tareas de asistencia jurídica a integrantes de una fuerza de seguridad a integrar un organismo que debe controlar posibles abusos cometidos por policías y otras instituciones estatales.
Los cuestionamientos apuntan a un posible conflicto de intereses y a la falta de independencia que podría afectar su desempeño.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura tiene facultades para realizar inspecciones en lugares de detención, formular recomendaciones y comunicar a las autoridades judiciales posibles situaciones de tortura o malos tratos. Su tarea incluye el control de cárceles, comisarías y otros establecimientos donde haya personas privadas de su libertad.
La defensa de Zarabozo ante el Congreso
Durante la audiencia pública del 27 de octubre, el candidato defendió su trayectoria profesional y rechazó que sus declaraciones anteriores impliquen una adhesión a prácticas de tortura o violencia institucional.
Respecto de los mensajes sobre Lago Escondido, ensayó una autocrítica y reconoció que habían sido expresiones desafortunadas.
«Nunca es legítimo que particulares ejerzan violencia física contra otras personas como forma de disciplinamiento, castigo o respuesta frente a un reclamo. La prohibición de la tortura y los malos tratos no admite excepciones», sostuvo.
Sobre la publicación dirigida a Sergio Maldonado, afirmó que había sido una respuesta de tono impropio en una controversia pública y que no la sostenía. También reconoció el derecho de los familiares de víctimas de violencia institucional a reclamar verdad, justicia y esclarecimiento, además de manifestarse.
El abogado defendió su experiencia como penalista y aseguró que había dedicado buena parte de su carrera a la defensa de los derechos de las personas privadas de libertad. También argumentó que brindar asistencia jurídica a policías no significa respaldar sus actuaciones.
Sin embargo, sus explicaciones no lograron despejar las objeciones de las organizaciones que impugnaron su postulación.
El oficialismo consiguió el dictamen y el peronismo presentó una disidencia
El miércoles 4 de noviembre, la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo aprobó el dictamen que propone a siete candidatos para integrar el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.
La nómina incluye a Fernando Zarabozo, Diego Hernán Armesto y Eduardo Toniolli, por la Cámara de Diputados; Mariano Ariel Przybylski, Gabriela Silvana Bencina y Humberto Schiavoni, por el Senado; y Leonardo Fabián Szuchet, como representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.
El dictamen contó con el acompañamiento de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR. Los representantes del peronismo firmaron en disidencia y concentraron sus objeciones en la candidatura de Zarabozo.
La senadora Ana Marks cuestionó especialmente la falta de independencia del postulante por su relación con la PSA y sostuvo que su eventual renuncia a la fuerza no resolvería todos los conflictos vinculados con sus antecedentes y funciones.
Desde el oficialismo, la senadora Nadia Márquez defendió el procedimiento y argumentó que algunas de las impugnaciones habían sido presentadas fuera del plazo establecido.
Una controversia que puede llegar a Naciones Unidas
El Consejo Federal de Mecanismos Locales de Prevención de la Tortura también anticipó que pondrá en conocimiento del Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas los cuestionamientos relacionados con la candidatura y el proceso de selección.
La discusión excede la disputa política entre oficialismo y oposición. El punto central es la independencia que deben tener los integrantes de un organismo encargado de vigilar el accionar de las instituciones estatales y garantizar que las personas detenidas no sean sometidas a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Si el Congreso aprueba su designación, Zarabozo tendrá responsabilidades vinculadas con la supervisión de las fuerzas de seguridad y las condiciones de detención, precisamente los ámbitos sobre los que organizaciones de derechos humanos cuestionaron sus posiciones públicas.
La definición quedará ahora en manos de los legisladores, que deberán resolver si sus antecedentes profesionales y sus explicaciones ante la audiencia pública resultan suficientes para ocupar un lugar en uno de los organismos centrales del sistema argentino de prevención de la tortura.
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