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Comisión Libra: la oposición citó a Karina Milei pero crece la presión para que declare por la fuerza pública

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La comisión investigadora que indaga el escándalo de la criptomoneda Libra volverá a reunirse este martes. Karina Milei fue citada nuevamente, pero hay escasas expectativas de que se presente.

La comisión investigadora del Congreso sobre el escándalo por presunta corrupción vinculada a la criptomoneda Libra sesionará este martes a las 16 horas, con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, nuevamente convocada a declarar como testigo.

El organismo, presidido por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), no espera que la hermana del presidente Javier Milei concurra voluntariamente, ya que se trata de la segunda citación. Por ello, se evaluará solicitar a la Justicia que disponga su comparecencia mediante la fuerza pública.

La misma situación se repite con otros funcionarios que ya faltaron a convocatorias previas: el titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva; el de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paulo Starc; el jefe de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik; y la ex titular de la UTI Libra, María Florencia Zicavo.

Además de Milei, Silva y Starc, este martes fueron citados el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y el ex asesor de la CNV Sergio Morales, todos involucrados en el lanzamiento y promoción de la moneda digital.

Ferraro denunció que la investigación “avanza sin colaboración del Gobierno”, pese a que el vocero presidencial, Manuel Adorni, había prometido lo contrario. En ese marco, la comisión ya pidió al presidente Javier Milei que explique cómo obtuvo el link del contrato de la cripto $LIBRA, que él mismo difundió públicamente antes de que fuera accesible.

Asimismo, la comisión solicitó que Cúneo Libarona entregue en un plazo de 72 horas la documentación pendiente y le ofreció una reunión “reservada” para que pueda informar sin limitaciones.

“La investigación no es un show: es seria y tiene base constitucional y legal. Si los funcionarios insisten en incumplir, deberán afrontar las consecuencias”, concluyó Ferraro.

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