La marcha «en defensa de la educación pública» prevista para este martes 23 de abril en la Plaza de los Dos Congresos promete ser multitudinaria, con la participación de estudiantes, docentes, sindicatos, políticos y diversos sectores sociales. A medida que crece la movilización, el Gobierno de Javier Milei ha expresado su preocupación por la politización de la protesta, mientras que sus críticos ven en esta movilización una respuesta a los recortes presupuestarios y ataques a las universidades públicas.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) convocó la marcha para defender la educación pública y luchar contra las medidas del gobierno que afectan el financiamiento de las universidades nacionales y del sistema científico nacional. A esta convocatoria se han sumado no solo universidades públicas sino también privadas, como la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) y la Universidad de San Andrés (UdeSA). Los centros de estudiantes de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) también se sumarán a la marcha, reuniéndose en la sede de Bernal antes de dirigirse a Plaza Congreso.
Desde el gobierno, el vocero presidencial Manuel Adorni afirmó que, aunque el reclamo de los estudiantes es genuino, la marcha está incentivada por intereses políticos, y señaló la participación de figuras políticas como Sergio Massa y Alberto Fernández como un indicio de esta politización. Adorni destacó que el gobierno no permitirá que las universidades sean utilizadas para el beneficio político de unos pocos.
Por otro lado, los organizadores de la marcha enfatizan la necesidad de defender la educación pública y abogan por un presupuesto adecuado para las universidades, mientras denuncian las políticas de ajuste del gobierno actual. La marcha refleja una creciente tensión entre el gobierno y la comunidad universitaria, con debates sobre la independencia de las instituciones educativas y la defensa de los valores de la educación pública.
