El millonario proyecto de la planta de licuefacción de gas, que fue presentado como una de las iniciativas clave del Gobierno para justificar los amplios beneficios del Régimen de Inversiones para el Gas y la Infraestructura (RIGI), está al borde de una crisis. Según fuentes cercanas a las negociaciones, la empresa que se perfilaba como el principal inversor está reconsiderando su participación debido a las dudas sobre las condiciones de inversión y la estabilidad política del país.
El golpe es significativo, ya que este proyecto energético fue una de las principales apuestas del Ejecutivo libertario para atraer capitales extranjeros y fomentar el desarrollo del sector gasífero. Con la promesa de reducir las restricciones regulatorias y crear un ambiente favorable para las inversiones, el Gobierno había logrado el compromiso inicial de importantes actores internacionales. Sin embargo, las recientes señales de incertidumbre política y económica han generado inquietud en los inversores.
El Régimen de Inversiones, aprobado con gran esfuerzo por el oficialismo, otorgaba incentivos fiscales y regulatorios para proyectos de infraestructura energética, con la esperanza de que iniciativas como la planta de licuefacción impulsaran la exportación de gas licuado. Sin embargo, la posible salida de su inversor más importante pone en riesgo la viabilidad del proyecto y plantea interrogantes sobre el futuro de otras inversiones estratégicas.
La situación representa un revés importante para el gobierno de Milei, que ha hecho de la estabilidad macroeconómica y la apertura del mercado uno de sus principales pilares. Con el horizonte económico del país cada vez más incierto y la confianza de los inversores en declive, el Ejecutivo deberá replantearse su estrategia para evitar que el país pierda oportunidades clave en un sector crucial como el energético.
Mientras tanto, las miradas están puestas en las próximas decisiones del Gobierno, que intentará mantener el proyecto en pie y evitar que la retirada del inversor se convierta en una señal negativa para otras empresas interesadas en apostar por el desarrollo energético de Argentina.
