El Centro de Estudios Legales y Sociales pidió la liberación de la concejal de Unión por la Patria de Quilmes Eva Mieri y de los otros cuatro detenidos por el escrache con estiércol a la casa del diputado libertario José Luis Espert, a la vez que consideró que se trató de «una respuesta política, no delictiva» a declaraciones previas del legislador nacional.
«Nos presentamos ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, en la causa contra Alesia Abaigar, Eva Mieri, Iván Díaz Bianchi, Aldana Muzzio y Candelaria Montes, con argumentos jurídicos útiles para la excarcelación de estas personas, detenidas por un escrache», informó el CELS.
«La acusación penal parte de criminalizar hechos que son acciones políticas simbólicas, sin que hubiera violencia ni afectara bienes de nadie. La calificación legal en la que avanzó el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 1 de San Isidro es forzada y desproporcionada. Al mismo tiempo el rechazo a la excarcelación tampoco cumple con los requisitos legales que se exigen para dictar la prisión preventiva», añadieron.
Asimismo, «el expediente de la investigación se encuentra bajo secreto de sumario, una medida también excepcional que se suele tomar en casos muy graves o muy complejos, porque restringe el derecho a la defensa y de quienes quieran intervenir en el proceso. En este caso es una herramienta injustificada que busca evitar que las defensas puedan saber y controlar qué está haciendo el juzgado».
«La decisión de encarcelar personas solo se puede basar en la existencia de riesgos procesales, es decir, pruebas de que van a fugarse o entorpecer la investigación. Si las personas imputadas tienen arraigo y ocupaciones estables, deben atravesar el proceso en libertad. Y en ningún caso este tipo de medidas puede tomarse por una contravención, que es lo que podría constituir este hecho, si se comprobara la participación de lxs acusadxs».
Por último, interpretaron que «nos encontramos estas últimas semanas con allanamientos violentos, personas detenidas y esposadas por un escrache, es decir, por una acción política. El gobierno usa de esta forma el aparato punitivo del Estado para amedrentar militantes, pero un sector del poder judicial está siendo instrumento del gobierno en esa desproporción».
