La tensión gremial paraliza la industria pesquera y frena exportaciones por más de 200 millones de dólares, mientras trabajadores denuncian amenazas y las cámaras empresarias alertan sobre la falta de condiciones para operar.
El conflicto por la zafra del langostino entró en una fase crítica, con violencia, amenazas de muerte, y más de 100 buques amarrados desde hace casi un año. La crisis ya se siente con fuerza en la economía regional y nacional, pero el Gobierno nacional permanece en silencio, sin intervenir para encauzar una situación que afecta a miles de familias y al ingreso de divisas.
En las últimas horas, se multiplicaron los episodios de tensión. En Mar del Plata, afiliados del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y del Sindicato Marítimo de Pescadores (Simape) protestaron frente a la sede del Sindicato de Capitanes de Pesca. En simultáneo, cuatro marineros denunciaron haber recibido amenazas de muerte en Puerto Madryn por aceptar contratos con la empresa Conarpesa. Una de las advertencias fue escalofriante: “No vas a poder bajar del barco, hay una bala para vos”.
El secretario de Pesca de Chubut, Andrés Arbeletche, hizo pública la denuncia: “Amenazar de muerte a un laburante es traspasar todo límite”. Tras su intervención, la policía realizó allanamientos e incautó teléfonos que podrían aportar pruebas. Sin embargo, el Ministerio de Seguridad de la Nación no emitió ningún pronunciamiento.
El conflicto se agudizó por la negativa del SOMU y del Simape a renegociar el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT), principalmente en los ítems de producción, que representan la mayor parte del salario de los tripulantes. Mientras los gremios insisten en que ya firmaron aumentos sobre los básicos, las empresas denuncian que las condiciones actuales hacen inviable seguir operando.
Desde la Intercámaras de la Industria Pesquera Argentina emitieron un comunicado tajante: “Repudiamos la violencia y extorsión contra trabajadores que quieren ejercer su derecho a trabajar. No es el camino para construir paz social ni fomentar el empleo argentino”. Aun así, no hubo ninguna reacción del Ministerio de Trabajo ni del área de Producción nacional, a pesar del impacto en la balanza comercial.
Pese al conflicto, se logró una excepción con la empresa Buenos Aires Pesca SA, que firmó un esquema de pago transitorio para dos buques. Pero se trata de un caso aislado.
La falta de intervención del Gobierno se vuelve más grave si se considera que la industria lleva meses paralizada, con exportaciones frenadas por más de 200 millones de dólares y alrededor de 5.000 familias afectadas directamente. A esto se suma que el precio por kilo de langostino se mantiene congelado en valores de 2005 (USD 12) para el cálculo del salario por producción, mientras que hoy ronda los USD 6.
Las cámaras empresarias aseguran que los costos laborales representan el 60% del total operativo y que, sin una actualización del convenio, no es posible seguir pescando sin pérdidas. Pero nadie del Gobierno nacional ha convocado a una mesa de diálogo que permita destrabar el conflicto, ni se presentó una propuesta concreta para evitar que el colapso se profundice.
Mientras tanto, la escalada de violencia y la ausencia del Estado ponen en jaque una de las principales actividades exportadoras del país.
About The Author
