El Gobierno avanza con la "modernización laboral": cambios en indemnizaciones, registración y plataformas digitales
Buenos Aires, 5 de diciembre — El Gobierno avanza con un proyecto de Ley de Reforma Laboral que propone modificar de manera integral la Ley de Contrato de Trabajo y sus normas complementarias, con el objetivo de reducir la litigiosidad, promover el empleo formal y actualizar las relaciones laborales a los nuevos modelos productivos.
El borrador prevé la creación de un Régimen de Promoción del Empleo Registrado, que permitiría a los empleadores regularizar relaciones laborales no registradas o deficientemente registradas. Entre los beneficios se incluyen la condonación de deudas previsionales, multas e intereses, además de la baja del REPSAL, siempre que las empresas blanqueen a la totalidad del personal alcanzado.
En materia de registración, propone centralizar los trámites en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y suprimir el capítulo de multas por trabajo no registrado. Sin embargo, mantiene que la falta de registración constituye una presunción favorable al trabajador en caso de conflicto judicial.
Uno de los ejes principales es la modificación del régimen indemnizatorio. El texto redefine la base de cálculo, fija topes equivalentes a tres veces el salario promedio del convenio aplicable y establece un piso del 67% del salario normal y habitual. También habilita a los convenios colectivos a reemplazar la indemnización por un fondo de cese laboral sostenido por los empleadores.
El documento introduce cambios en el artículo 212, relacionado con enfermedades y accidentes laborales, ajusta los criterios para la reincorporación del trabajador y establece distintas modalidades de indemnización según el tipo de incapacidad.
Otro capítulo relevante es la creación de un régimen especial para los repartidores de plataformas digitales, definidos como “trabajadores independientes”. El borrador fija obligaciones fiscales y de seguridad social, pero también derechos, como la posibilidad de rechazar pedidos sin justificación y el acceso a explicaciones en caso de bloqueos en la aplicación.
En cuanto a los procedimientos de crisis y la negociación colectiva, propone reforzar la obligación de negociar de buena fe, incorporar sanciones para las partes que entorpezcan el proceso y exigir mayor transparencia en la información que las empresas deben brindar a los sindicatos.
También plantea una nueva fórmula de actualización de créditos laborales —basada en el IPC más un 3% anual— y fija límites para las causas en trámite con el fin de evitar indemnizaciones superiores a las que surgirían del nuevo esquema.
Además, analiza beneficios para incentivar la contratación de nuevos empleados, con reducciones temporales en las contribuciones patronales a distintos subsistemas de la seguridad social.
El proyecto continuará siendo trabajado por el Poder Ejecutivo antes de definir la versión final que será elevada al Congreso.
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