Buenos Aires, 4 de enero de 2025
En respuesta a las advertencias de los gremios estatales sobre una profundización de su plan de lucha para detener despidos masivos, el Gobierno confirmó la renovación de unos 40 mil contratos de empleados públicos de la administración nacional. Sin embargo, la medida, aunque pone un freno temporal a los despidos, ha sido criticada por la continuidad de la precarización laboral, ya que los contratos solo tendrán una vigencia de tres meses.
La decisión busca desactivar momentáneamente el conflicto con los sindicatos, que venían denunciando un plan de vaciamiento en diversas áreas clave del Estado. No obstante, la medida no alcanza a todas las dependencias, ya que en áreas sensibles como Derechos Humanos, los gremios aseguran que los despidos y recortes continúan.
Tensión con los gremios
Los representantes sindicales han recibido la renovación de contratos con cautela y críticas. “Es un alivio temporal, pero no soluciona el problema de fondo. La precarización laboral en el sector público es una política sistemática que deja a miles de trabajadores en la incertidumbre cada tres meses”, expresó un dirigente de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado).
Además, los gremios denuncian que el recorte en áreas como Derechos Humanos es un mensaje preocupante sobre las prioridades del Gobierno. “Mientras se renuevan contratos en otras áreas, en Derechos Humanos se sigue desmantelando una estructura fundamental para garantizar justicia y memoria”, señalaron desde la CTA Autónoma.
El Gobierno defiende la medida
Desde el Ejecutivo justificaron la renovación por tres meses como una solución transitoria en medio de un contexto económico desafiante. “Estamos trabajando para garantizar la estabilidad en la administración pública mientras avanzamos en la reorganización de las áreas del Estado”, explicó un funcionario del Ministerio de Trabajo.
Sin embargo, el Gobierno evitó responder a las críticas sobre la precarización laboral y los despidos selectivos, lo que ha incrementado las tensiones con los gremios, que planean nuevas movilizaciones para exigir estabilidad y mejores condiciones laborales.
Precarización y continuidad laboral
La renovación de contratos por períodos cortos se ha convertido en una práctica habitual en la administración pública, lo que ha generado cuestionamientos sobre el rol del Estado como empleador. “Es inadmisible que el propio Estado utilice esta metodología, perpetuando la precarización y la inseguridad laboral. Exigimos pases a planta permanente para los trabajadores que llevan años en esta situación”, reclamaron desde los sindicatos.
El conflicto entre el Gobierno y los gremios estatales parece lejos de resolverse, y las próximas semanas serán clave para definir si la tensión se traduce en nuevas medidas de fuerza. Por ahora, la incertidumbre persiste para los miles de trabajadores cuyo futuro sigue dependiendo de renovaciones contractuales temporales.
