El oficialismo realizó una contrapropuesta a los bloques dialoguistas y busca encaminar la negociación en dos artículos clave: facultades delegadas y privatizaciones. Ambos puntos fueron los ejes de tensión entre el Gobierno y el grueso de los diputados que acompañarán el proyecto.
De esta manera, el Ejecutivo se aseguraría el voto de este grupo -al menos en estos artículos- al momento del voto en particular, ya que la votación general, que se esperaba para la madrugada del viernes.
Entre las novedades que ofrece el nuevo documento hubo una sorpresa y fue la inclusión en el capítulo las facultades en seguridad. Del proyecto original, que traía 11 facultades, sobrevivieron solo seis: económica, financiera, tarifaria, energética, de seguridad, fiscal y administrativa.
Seguridad estuvo en duda en la nueva propuesta al igual que en las emergencias tarifaria y energética, ya que con esas facultades el Gobierno podría suspender sin permiso el beneficio de “zona fría” para usuarios de gas. Esto pone en aprietos a los gobernadores patagónicos.
Otro de los ejes en los que La Libertad Avanza cedió fue en el plazo de duración de los “súperpoderes”, que pasó de dos a un año de plazo. Los más reacios a darle luz verde a este punto son aquellos radicales que están bajo el ala de Facundo Manes. La Coalición Cívica ya anunció que votará en contra.
El capítulo privatizaciones volvió a retacearse: de 36 empresas estatales a privatizar, el oficialismo propone que sean 27, conservando las 3 privatizaciones parciales que incluyen el Banco Nación, Nucleoeléctrica y ARSAT. YPF quedó fuera del paquete.
Entre las 7 empresas que salieron se encuentran: BICE, Casa de la Moneda, Fabricaciones Militares, Radio de la Universidad Nacional del Litoral, Radio y Televisión de Córdoba, Vehículo Espacial Nueva Generación y Yacimientos Mineros de Agua Dionisio.
Gonzalo Delmonte (Noticias Argentinas)
